Redacción NDigital
Santo Domingo
Con apenas dos meses en sus funciones, varios funcionarios del nuevo gobierno se han visto ya involucrados en escándalos y cuestionamientos éticos en el ejercicio de sus funciones.
La primera entidad en verse involucrada en presuntas irregularidades fue el Ministerio de Salud Pública, específicamente en el departamento de Recursos Humanos, donde alegadamente se obtenían beneficios a cambio de designaciones.
La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, se apersonó al ministerio de Salud Pública, hace ya dos semanas, donde recogió documentos y audios para profundizar las investigaciones.
Por ese caso fue suspendido el director de recursos humanos, doctor Miguel Mateo Familia, quien aseguró mediante una publicación que todos los nombramientos que realizó fueron bajo las órdenes del titular de la referida institución, Plutarco Arias.
Suspendidos
El pasado 30 de septiembre, el presidente Luis Abinader suspendió mediante el decreto 525-20, a dos viceministros y seis directores, e manera provisional y sin disfrute de sueldo, porque no presentaron a tiempo su declaración jurada de bienes.
Los viceministros suspendidos son: Faruk Garib Arbaje y José Miguel Cordero Mora, del Ministerio de Agricultura.
Mientras que los directores suspendidos son el director operativo de la Presidencia Aníbal Díaz Belliard, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Cecilio A. Rodríguez, Montás, el director de Ceremonial de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco J. Cantizano Nadal, el director ejecutivo del proyecto Cruz de Manzanillo, Kohuris Henríquez Disla y la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Ana María Henríquez Disla.
El pasado 3 de octubre Abinader añadió 7 funcionarios más a la lista por no haber presentado a tiempo su declaración jurada de patrimonio.
Entre los altos funcionarios suspendidos destacan el director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Daniel Antonio Liranzo, y el director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Porfirio Peralta.
Además, los directores ejecutivos de la Comisión Nacional del Cacao, Reynaldo Ferreira, y del Instituto Azucarero, Máximo Pérez, y el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial para la Región Este, Anderson Ramón de los Santos.
También figuran en la lista dos subdirectores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Daniel Florián.
Prohíben a funcionarios negociar con el Estado
El pasado 8 de octubre la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el Registro de Proveedor del Estado (RPE) a 113 alcaldes y regidores y dos jueces, dando cumplimiento al artículo 14 de la Ley 340-06 que prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado,
La DGCP también suspendió otros cuatro registros, a solicitud de igual número de funcionarios, tal y como requirió el órgano rector el pasado primero de septiembre, cuando advirtió a los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que la institución continúa trabajando para identificar a todos los funcionarios que entran en el régimen de prohibiciones para la contratación en la Administración Pública, bajo el amparo de la ley 340-06 para proceder a suspender sus registros de proveedores.
El embajador dominicano ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Andrés L. Mateo, opina sobre el tema:
Caso Kinsberly
Luego de un reportaje en el programa Nuria Piera Investigación periodística, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este lunes la suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de la actual ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras Duarte.
La DGCP confirmó que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica (Colegio Domínico Chino CDC, SRL), donde funge como gerente administradora y es poseedora del 75 por ciento de sus acciones.
Este caso arrastra al joven Jheyson Castillo, por ser accionista de las empresas de su esposa Kinsberly Taveras, haber sido regidor de la alcaldía con la que su esposa tenía contratos, y actualmente como subdirector en el Servicio Nacional de Salud, luego que el decreto 450-20 así lo estableciera.
El ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, opina sobre el tema:
En INVI suspendieron compra y corrigieron
El pasado 3 de octubre la Dirección General de Contrataciones Públicas informó sobre la suspensión del proyecto de urgencia INVI-MAE-PEUR 2020-0001 del Institutito Nacional de la Vivienda (INVI), que busca remodelar unas 30 mil casas, por vulnerar los principios que rigen el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
Cinco días después el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) informó que reanudó de manera exitosa, la revisión del Pliego de Condiciones Específicas del Proceso de Declaratoria de Urgencia Ref. No. INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para la reconstrucción y mejora de hasta 30 mil viviendas y se realizó una segunda enmienda aprobada mediante la resolución número INVI/CCC/03/2020, de fecha 05/10/2020.
