Bogotá,(EFE).- La situación jurídica del expresidente colombiano Álvaro Uribe será definida el próximo sábado por una jueza de Bogotá en una audiencia en la que anunciará si le levanta o no la detención domiciliaria en la que está desde el pasado 4 de agosto por un caso de presunto fraude procesal y soborno a testigos, informaron este viernes los medios locales
Así lo informó la noche de este jueves la jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, al concluir una audiencia virtual que se prolongó por trece horas y en la que escuchó los argumentos de los dos lados.
“La determinación se va a proferir en próxima fecha de sábado 10 de octubre a las ocho de la mañana”, dijo la jueza, quien señaló que así “se había llegado previamente a un acuerdo con las partes”.
Según la jueza, el sábado “se adoptará sin más demora una determinación de fondo frente a la petición elevada (por la defensa) y que resuma y atienda los argumentos que han presentado las partes” en este “debate tan complejo”.
AUDIENCIA INTERMINABLE
La audiencia de este jueves, que comenzó a las 9 de la mañana y acabó pasadas las 10 de la noche, fue una interminable disquisición jurídica de las partes que parecían más interesadas en mostrar sus conocimientos del derecho que en exponer los argumentos a favor y en contra de la libertad de Uribe, quien fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010.
La jueza pidió cuatro recesos a lo largo de la jornada y en algunas ocasiones intervino para llamar la atención de los intervinientes, especialmente al ex fiscal general Eduardo Montealegre, quien se acreditó como víctima en el caso y habló por más de cuatro horas.
Uribe está en detención domiciliaria desde el 4 de agosto por orden de la Corte Suprema de Justicia, pero su defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, pidió que se le permita responder al proceso en libertad luego de que el exmandatario renunciara a su escaño en el Senado, con lo cual el caso pasó de ese alto tribunal a la Fiscalía.
“Solicito, ante la nueva realidad procesal, disponga la libertad inmediata de Álvaro Uribe Vélez”, expresó el letrado.
Según Granados, “no se pretende discutir de ninguna manera el acierto o no de la medida impuesta el 4 de agosto, tampoco es el objeto discutir o cuestionar si esa sala (de la Corte) podía hacer o no lo que hizo”, sino levantar “esa privación de la libertad que hoy tiene el ciudadano Álvaro Uribe”.
EXFISCALES CONTRA URIBE
En la diligencia intervinieron también los abogados del senador de izquierdas Iván Cepeda, contraparte del caso; el fiscal que lleva el proceso desde el mes pasado, Gabriel Jaimes, y la representante de la Procuraduría General (Ministerio Público), María Lourdes Hernández Mindiola, así como el exvicefiscal general Jorge Perdomo, acreditado como víctima junto con Montealegre.
“Debe decidirse de manera desfavorable (para Uribe) porque la petición no cumple con los principios de validez o invalidez de los actos”, dijo Perdomo, quien añadió que el expresidente, al renunciar a su escaño en el Senado para que no lo juzgara la Corte, recurrió a “la teoría del borrón y cuenta nueva”.
Por su parte, la representante de la Procuraduría pidió que a Uribe se le permita responder al proceso en libertad ya que al pasar su caso de la Corte Suprema a la Fiscalía, y al definir el mismo tribunal que el proceso se debe conducir por la Ley 906 de 2004, como pidió la defensa, y no por la Ley 600 del año 2000, “las reglas de juego son diferentes”.
“Esta representante de la sociedad considera que debe garantizársele al procesado Álvaro Uribe Vélez la aplicación del debido proceso y a la normatividad procesal penal que ahora rige en el presente asunto”, manifestó Hernández Mindiola.
PROCESO DE OCHO AÑOS
Este proceso comenzó en 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra en el Congreso por supuestos vínculos con el paramilitarismo, pero el magistrado instructor del caso archivó la causa y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.
El fiscal Jaimes también argumentó que al pasar de un sistema penal a otro se debe buscar una forma de garantizar que se preserve el ordenamiento judicial dadas las omisiones que considera que hubo en la Corte Suprema.
Según Jaimes, hubo una imprecisión en la indagatoria que la Corte le hizo a Uribe en octubre del año pasado en la que se le vinculó formalmente al proceso que le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
En ese sentido explicó que no es lo mismo la “imputación de autoría o participación en que se le endilgaron las conductas punibles recriminadas” durante la indagatoria, que una audiencia de imputación, que es lo que dice que corresponde en derecho cuando el caso está en la Justicia ordinaria.
Sin embargo, aclaró que para la Fiscalía todos los elementos recogidos y aportados en el expediente de la Corte Suprema de Justicia son válidos, por lo que deberán ser tenidos en cuenta para continuar con el proceso de cara a una posible imputación de cargos, es decir que la investigación en manos del ente acusador no debe comenzar desde cero.
Pese a eso, el fiscal cuestionó a la Corte Suprema y dijo que la diligencia de indagatoria “no contiene con rigor los hechos jurídicamente relevantes, y menos de una manera organizada y concatenada” lo que, a su juicio, afectó el derecho de la legítima defensa de Uribe porque “nunca se le puso de presente al proceso ni el carácter de imputación como determinación ni su modalidad ni circunstancias”.
Al pedir que el caso se mantenga dentro de las instancias judiciales y no en un debate político, Jaimes subrayó que con la solicitud de la libertad inmediata de Uribe “no habrá impunidad, habrá justicia y habrá derecho”.
Por su parte, el abogado del senador Cepeda, Reinaldo Villalba, cuestionó al fiscal Jaimes por desestimar la indagatoria que le hizo la Corte a Uribe y que derivó en la orden de detención.
“Hay una medida de aseguramiento vigente, y por tanto una compatibilidad innegable, visible e indiscutible”, expresó Villalba, quien agregó que desconocer esto provocaría “inestabilidad jurídica” porque más personas podrían renunciar a sus cargos para perder el fuero, como lo hizo el exmandatario.
