San Salvador, EFE.- El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) recalcó este lunes que las instituciones estatales tienen la obligación de “reconstruir” los documentos relacionados con procesos por violaciones a derechos humanos, esto en referencia a la supuesta destrucción de archivos militares de la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote (1981).
El pasado 24 de septiembre, el presidente Nayib Bukele aseguró que los documentos militares sobre esta matanza fueron destruidos o retirados de los archivos militares.
Este anuncio lo hizo tras “desclasificar” algunos documentos supuestamente vinculados con el crimen y defender el bloqueo a una inspección judicial en los archivos del Estado Mayor.
El IAIP señaló en un comunicado en reiteradas ocasiones que en este tipo de casos las instituciones vinculadas “no se limitan a la entrega de información que poseen o a la declaración de su inexistencia”, sino que tienen el “deber de reconstruir la información que ya no obre en su poder”.
Además, deben “permitir a las víctimas, a las personas afectadas y a las autoridades judiciales y administrativas el más amplio acceso posible a sus depósitos documentales e instrumentos archivísticos”.
Por otra parte, el ente de información manifestó que la localización “repentina” de los documentos presentados por el mandatario, cuyo contenido se desconoce, “mina la credibilidad” de las declaraciones de inexistencia hechas por el Ministerio de la Defensa con anterioridad.
“Bajo ninguna circunstancia, licita o razonable, una institución podría haber declarado inexistencia de información que obrara en su poder”, subrayó el instituto.
El Ejército impidió el pasado 21 de septiembre al juez instructor del proceso por la masacre de El Mozote, Jorge Guzmán, comenzar las inspecciones a los archivos del Estado Mayor en San Salvador.
De acuerdo con una resolución de este juez, el Gobierno de Nayib Bukele y el ministro Monroy le notificaron que la Fuerza Armada mantendrá de forma “invariable” el bloqueo a la inspección judicial en el Estado Mayor.
Un grupo de organizaciones sociales pidió el viernes pasado a la Fiscalía que investigue a Bukele por la posible comisión del delito de “encubrimiento” de la masacre, en la que militares ejecutaron a unos 1.000 campesinos en 1981.
“Creemos que el presidente está cometiendo el delito de encubrimiento a los responsables de la masacre de El Mozote y ocultación de documentos”, dijo a la prensa David Morales, de la organización Cristosal y abogado de las víctimas en el proceso penal.
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades de élite del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada, crimen por el que son procesados más de una docena de mandos castrenses retirados.
