Afloran irregularidades de funcionarios de la pasada administración de Danilo

En la primera quincena del Gobierno de Luís Abinader comienzan a aflorar irregularidades de fraudes millonarios e irregularidades con el manejo de recursos y bloqueo de documentaciones de instituciones asociadas al accionar de funcionarios de la administración de Danilo Medina.

En las instituciones que se anuncian  irregularidades y deudas millonarias están: Gabinete de Política Social, a través del programa Quédate en Casa; Ministerio de Obras Públicas, la desaparición de discos duro de computadoras del Plan Social y la oficina senatorial de San Cristóbal y bloqueo de información en Promese-Cal.

Deudas millonarias heredadas en la Cámara de Diputados, la Autoridad Portuaria y hospitales de la Red Pública de Salud.

QUEDATE EN CASA. Ayer fue suspendida una rueda de prensa del Gabinete de Políticas Social del Gobierno de Luís Abinader, donde se ofrecerían informaciones sobre la sustracción de fondos millonarios a beneficiarios del programa “Quédate en casa”.

La entidad que preside Tony Peña Guaba también revelaría sobre otras irregularidades respecto a asignaciones de transferencias monetarias. Las informaciones serán reveladas en los próximos días.

OBRAS PÚBLICAS. El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, denunció que el ministerio de Obras Públicas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) hicieron pagos por 21 mil millones de pesos entre el 31 de julio y el 14 de agosto sin estar presupuestados.

Los pagos se hicieron conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y el Banco de Reservas. De acuerdo con el funcionario se utilizó, incluso, una emisión de bonos por 250 millones de dólares que eran para el presupuesto general.

Dentro de los 21 mil millones de pesos figuran 11 mil 500 millones destinados a la compra de hormigón asfáltico por parte del Ministerio de Obras Públicas, en el 2019.

En ese tenor, la organización cívica no partidista, Sed de Justicia, depositó una denuncia-querella en la Procuraduría General de la República en contra de Gonzalo Castillo y Ramón Pepín, ex ministros de Obras Públicas, por el manejo irregular de más de 19,000 millones de pesos en la compra de Hormigón Asfáltico Caliente.

La denuncia- querella fue depositada por una comisión de la junta directiva de Sed de Justicia, encabezada por el empresario financista Franc Rosario y el abogado Luis Aybar.

Los querellantes aseguran que las irregularidades se evidencian en las documentaciones oficiales del propio Ministerio, y ante las conclusiones de la Dirección General de Contrataciones Públicas que, supuestamente encontró graves violaciones a la Ley, y el posible contubernio de Castillo y Pepín para beneficiarse directa o indirectamente de los fondos envueltos en estas operaciones ilegales.

PLAN SOCIAL. La directora del Plan Social de la Presidencia, Yadira Henríquez, informó que los discos duros de las computadoras de esta institución fueron suplantados por dos encargadas del área, con la autorización de la exdirectora Iris Guaba.

“Habían sido suplantados. No habían sido borrados lo discos duros de esas dos áreas neurálgicas de la institución sobre la base que eran computadoras que tenían informaciones personales y profesionales”, dijo Henríquez.

El presidente Abinader también reveló que fueron bloqueadas las computadoras con informaciones vitales del Programa de Medicamentos Esenciales (Promese-Cal), por porte del personal y que por tal razón no se tiene idea de lo heredado en esa dependencia y se está procediendo manualmente.

Situación parecida también heredó el senador por San Cristóbal,  Tommy Galán, quien denunció que su antecesor dejó sin discos duros las computadoras de la oficina senatorial.

“No hay una sola computadora ni en la oficina principal en el Senado de la Republica ni aquí, en san Cristóbal que nos la hayan entregado con un disco duro”, expresó.

El exsenador Galán tiene a cuesta dos expedientes por corrupción, uno que lo vincula al más grande expediente de soborno, el caso Odebrecht, por 92 millones de dólares y la compra sobrevalorada de los aviones Supertucanos.

DEUDAS MILLONARIAS. La red de hospitales públicos adeuda aproximadamente unos 4 mil millones de pesos, según reveló el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama.

De los 182 hospitales del sistema, 142 hospitales tienen deuda pública en la actualidad, 42 de ellos con montos de más de 10 millones, y de esos hay más de 10 centros que tienen concentrada la deuda hospitalaria.

Solo el Hospital General Regional Doctor Marcelino Vélez Santana, adeuda unos 741 millones, seguido del Hospital General Vinicio Calventi debe 387 millones.

También tienen deudas importantes Hospital Docente Francisco Moscoso Puello, 412 millones, el Hospital Traumatológico Juan Bosch 154 millones, y el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavárez (Incart), 141 millones, todos al mes de julio.

EN PORTUARIA. El nuevo director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, denunció que recibió la institución con una deuda excesiva que supera los RD$1,500 millones. De dicho monto, casi RD$800 millones corresponden a pagos de prestaciones laborales de pasadas administraciones.

Rodríguez también denunció que actualmente los colaboradores de la Autoridad Portuaria se encuentran con el seguro médico y de salud suspendido, debido a una deuda de pago que excede los RD$45 millones.

Esta institución fue dirigida por Víctor Gómez Casanova.

Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, encontró una deuda, que se convierte en déficit, que ronda los mil millones de pesos, tras asegurar que el parque vehicular de la institución está complemente deteriorado.