Colombia ha vivido en las últimas semanas episodios de consternación e indignación, debido a las distintas masacres registradas en el sur del país que han dejado al menos 17 adolescentes asesinados, algunos de tan solo 12 de años de edad, trayendo a la mente de millones de neogranadinos los antiguos temores de los sangrientos años finales del siglo pasado y principios del actual, cuando la nación fue escenario de incontables hechos de violencia, muchos de los cuales aún a la fecha no se han resuelto y que afectaron mayormente a las comunidades más vulnerables.
Los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca han estado en el ojo de la opinión pública nacional e internacional, ya que éstos han sido el campo de tales atrocidades llevadas a cabo, según las fuentes policiales colombianas, por grupos armados al margen de la ley que se disputan el control del tráfico de drogas de la zona, debido a su estratégica ubicación para sus actividades ilícitas, pero que a su paso han dejado una estela de sangre sin importar quién esté en su camino.
Velatorios en Colombia
Asesinatos sin aparentes motivos
Las barbaridades comenzaron el 10 de agosto en la localidad de Santa Lucía, Nariño, cuando dos adolescentes afrodescendientes de 12 y 17 años fueron asesinados aparentemente sin ninguna razón cuando caminaban a su centro de estudios para entregar sus asignaciones académicas, ya que no hay clases presenciales por la pandemia del coronavirus Covid-19 que azota al planeta.
Tan solo un día después, cinco adolescentes amigos de entre 14 y 15 años de edad fueron brutalmente masacrados en Cali, Valle del Cauca, quienes según las fuentes oficiales se hallaban celebrando un cumpleaños en un cultivo de caña de azúcar. Los chicos quienes también eran afrodescendientes, tenían disparos al estilo ejecución y heridas infringidas por armas blancas. Se les conocía en la localidad por sus labores sociales y deportivas.
Pero la brutalidad no quedaría ahí, pues durante el velorio de los cinco jóvenes el 13 de agosto, sin importar el dolor y repercusión del crimen, desconocidos lanzarían una granada contra los asistentes, la cual detonaría dejando una persona fallecida en el acto y al menos 14 heridos, entre los que se contabilizó un infante de un año.
De los responsables de ambos hechos aún no se conoce nada.
Ante la despiadada matanza, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo mostró su consternación por el suceso al asegurar que tales “hechos dramáticos, dolorosos, absolutamente inaceptables que generan indignación, tienen que conducir a una actuación…, que permita capturar a los culpables”.
La espiral de violencia continuaría su apabullante andar por el sur del país, y la localidad de Samaniego, Nariño, sería el nuevo escenario del caos. En horas de la noche del pasado sábado 15, ocho jóvenes más ingresarían a la lista de asesinados, luego de que varios hombres abrieran fuego en contra de un grupo de jóvenes universitarios que se encontraban reunidos en un compartir, según la policía como distracción al confinamiento producto de la pandemia del Coronavirus.
En paralelo a este suceso, una joven fue asesinada también en Samaniego, y al igual que en los anteriores hechos no se sabe nada de los motivos y autores.
Casquillos de arma de fuego
33 masacres tan solo en 2020
Rápidamente diferentes organizaciones sociales y en pro de los derechos humanos se manifestaron ante la barbarie imperante en suelo cafetero, temerosas por los sucesos que recuerdan los años de oscuridad que vivió el país con la guerra armada entre el Ejército Nacional y distintos grupos al margen de la ley poderosamente armados y financiados que operaron en décadas pasadas, y que lo siguen haciendo en la actualidad en Colombia.
Las declaraciones del presidente neogranadino Iván Duque no se hicieron esperar, y en su cuenta de la red social Twitter acotó: “crímenes como el de Samaniego nos duelen y debemos ser claros: allí hay presencia de ELN y de grupos de microtráfico que enfrentamos con contundencia”.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, manifestó el pasado lunes su consternación por los asesinatos de los adolescentes, y también por los impactantes “homicidios de defensores de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de excombatientes de las FARC-EP en 2020”.
Según la ONU, tan solo en Colombia su oficina para los DDHH ha documentado “en lo que va de 2020…, 33 masacres y restan siete por documentar…, también viene dando seguimiento a 97 asesinatos de defensores de derechos humanos, de los cuales hasta la fecha, se han verificado 45 homicidios”.
La conferencia Episcopal de Colombia, en un comunicado también se mostró preocupada por la espiral de violencia en el país donde condena los asesinatos, señalando además los “enfrentamientos armados por el control de las rutas del narcotráfico que se han verificado recientemente en otros departamentos del país, como Norte de Santander, Chocó, y Cauca”, a la vez que solicita al Estado neogranadino “la protección de las comunidades en mayor riesgo”, así como “la implementación de los acuerdos de paz”.
El gobierno del presidente Duque ya comisionó a un grupo de especialistas para que investiguen los crueles hechos, para así dar con los perpetradores y cortar de raíz los temores que comienzan a embargan a una sociedad preocupada por no volver a sus años oscuros.
Fuente: Globovisión
