Bogotá, EFE.- Las masacres que en las últimas décadas del siglo pasado y la primera de este asolaron los campos de Colombia han regresado durante la pandemia con los jóvenes como principales víctimas, como los nueve asesinados este fin de semana en Samaniego, en el departamento de Nariño, en el suroeste del país.
La matanza fue perpetrada por desconocidos que dispararon contra un grupo de muchachos, que según las primeras informaciones eran universitarios que estaban de regreso en su pueblo por la cuarentena del coronavirus y el sábado por la noche decidieron reunirse en una casa en las afueras de Samaniego para salir de la rutina del encierro.
“Hay rebrotes de violencia en los territorios. Los asesinos no están confinados, mientras el país se desgarra y crece la polarización. ¿Quién responde? El Estado tiene que salir del confinamiento y capturar a los asesinos, copando territorios y devolviéndole confianza a la gente”, reclamó el procurador general, Fernando Carrillo.
ASESINOS “DESCONOCIDOS”
Además de la condena de la sociedad colombiana, organismos internacionales han manifestado su repudio por este múltiple crimen, que es la peor de las recientes masacres cometidas en el país y cuyos autores entran a la larga lista de asesinos “desconocidos”.
“Cumpliendo nuestro mandato, en lo que va de 2020, hemos documentado 33 masacres y restan siete por documentar. También, damos seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de Derechos Humanos, de los cuales a la fecha hemos documentado 45”, manifestó este domingo la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Hace menos de una semana el país fue conmovido por otra matanza, esta vez en Cali, capital del Valle del Cauca, también en el suroeste, donde cinco adolescentes de entre 14 y 15 años fueron encontrados el martes, acribillados a tiros y con marcas de tortura, en un cultivo de caña de azúcar en el barrio Llano Verde.
Las autoridades prometieron una investigación exhaustiva de este múltiple crimen pero hasta ahora sus autores siguen siendo “desconocidos”.
“Volvemos a ese tiempo triste de hace unos 20 años donde se generalizaron todas esas masacres. Antes tenían una ‘justificación’ de que eran masacres de (gente) que colaboraba con las guerrillas y ahora son unas cosas completamente absurdas”, dijo a Efe el director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia.
Uno de esos absurdos ocurrió el 10 de agosto cuando dos estudiantes, de 12 y 17 años de edad, fueron asesinados en la localidad de Leiva (Nariño) en momentos en que se dirigían a su escuela a entregar unas tareas ya que por la cuarentena contra la COVID-19 no hay clases presenciales.
TERRITORIOS A MERCED DE GRUPOS ARMADOS
Ese doble asesinato fue atribuido a las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), uno de los muchos grupos criminales que se disputan los territorios y el negocio del narcotráfico en distintas partes de Colombia.
Al repudiar hoy la masacre en Samaniego, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU recordó que ese múltiple crimen “se suma al homicidio de dos niños afrodescendientes que iban a realizar una tarea escolar en un barrio de Leiva hace ocho días”.
La orgía de sangre se vivió también recientemente en el departamento caribeño de Córdoba, donde el 27 de julio fueron asesinadas tres personas de una misma familia en la aldea de Versalles, y dos días después corrieron la misma suerte otras tres personas en Puerto Colombia, ambos caseríos del municipio de San José de Uré.
La zona de frontera con Venezuela fue escenario de otra masacre hace menos de un mes, el 19 de julio, que se cobró la vida de seis personas en el caserío Totumito, un área rural ubicada entre los municipios de Tibú y Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.
CRIMINALES A SUS ANCHAS
Según Valencia, en Colombia el Gobierno ha dejado que grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la banda criminal Clan del Golfo se fortalecieran al no ocupar espacios que dejaron las FARC cuando firmaron la paz.
“El ELN crece y crece y no hay ni negociación ni confrontación con él. El Gobierno ha hecho lo peor y es quedarse sin ninguna de las dos alternativas: en el tiempo de Álvaro Uribe (2002-2010) había combate a las guerrillas y en el tiempo de Juan Manuel Santos (2010-2018) hubo una negociación”, afirmó.
Valencia añade que el Gobierno del presidente Iván Duque “no tiene ni negociación ni combate, y lo mismo dejó que se recompusiera el Clan del Golfo, que es la organización más grande que articula muchas de las organizaciones locales” dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, principalmente.
