La reactivación de las economías de América Latina sólo será posible si se aplana la curva de contagio de la pandemia de COVID-19, indicaron este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un informe conjunto.
Para lograrlo, el documento propone que se articulen políticas de salud, económicas, sociales y productivas de manera convergente e interrelacionada, pero priorizando siempre la salud.
“No hay dilema entre economía y salud, lo primero es la salud”, aseveró la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, durante la presentación del informe.
“Los países deben evitar pensar que deben elegir entre reabrir las economías y proteger la salud y el bienestar de sus pueblos. La actividad económica completa no puede reanudarse a menos que tengamos el virus bajo control”, afirmó por su parte la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, presente también en el evento, que tuvo lugar de forma virtual.
En este sentido, Bárcena indicó que los países deben “invertir en salud pública hasta alcanzar al menos un 6 % del PIB, con particular énfasis en la atención primaria en salud”.
América Latina es en la actualidad el epicentro de la pandemia, con más de 4,5 millones de casos de COVID-19 y casi 190.000 muertes, mientras que en el plano social y económico la enfermedad ha desatado una inédita crisis económica y social que podría transformarse en una crisis alimentaria y humanitaria si no se toman medidas.
El coronavirus ha provocado una recesión que de acuerdo con las proyecciones de la Cepal implicará una caída del crecimiento regional de -9,1 % en 2020, acompañado de un alza en el desempleo alcanzando una tasa cercana a 13,5 %, un incremento de la tasa de pobreza de 7,0 puntos porcentuales para alcanzar el 37,3 % de la población y una agudización de la desigualdad con un alza promedio en el índice de Gini de 4,9 puntos porcentuales.
De hecho, de acuerdo con el informe, el alto grado de desigualdad de la región, acompañado por elevados niveles pobreza, informalidad, desprotección social y el limitado acceso a salud, explican los altos costos sociales de la pandemia.
“Avanzar en la igualdad es fundamental para el control eficaz de la pandemia y para una recuperación económica. Debemos atender la emergencia e implementar una estrategia para superar las debilidades estructurales de las economías y sociedades”, señaló Bárcena.
CONTROL, REACTIVACIÓN y RECONSTRUCCIÓN
Para enfrentar la pandemia y sus efectos, la Cepal y la OPS proponen en su informe un conjunto de políticas medidas sociales, económicas y de salud a desplegarse en tres fases “no lineales e interrelacionadas” que denominaron “control, reactivación y reconstrucción”.
El listado de medidas que sugiere el documento subraya la necesidad de articular las políticas de salud con las económicas, sociales, y productivas.
Con miras tanto a las acciones de control de la pandemia como a las etapas de recuperación y reconstrucción, el informe considera “imprescindible” que la inversión pública en salud aumente hasta alcanzar al menos un 6 % del PIB de cada país.
“Esto permitirá asegurar el fortalecimiento de los sistemas de salud, ampliando la oferta de servicios de calidad, abordar de manera inmediata y acelerada las necesidades de salud insatisfechas, reducir inequidades y aumentar la protección financiera”, consigna el documento.
Entre las medidas se reitera también la importancia de implementar un ingreso básico de emergencia que permitiría sostener el consumo y satisfacer necesidades básicas de toda la población que se encuentre en situación de pobreza en 2020 (el 37,3 % de la población), además de un bono contra el hambre.
Asimismo, la Cepal y la OPS recomiendan que las instituciones financieras internacionales faciliten líneas de crédito a bajo costo y que se apoye a las empresas que se han visto afectadas.
Finalmente, se aboga por fortalecer los sistemas de salud y que estos sean concebidos como “no solo como un sector de gobierno, sino como un sector económico dinámico que tiene un efecto expansivo sobre el resto de la economía”, de manera tal que la salud sea reconocida como un derecho humano y un bien público garantizado por el Estado.
