Washington, EFE.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, sirvió este martes una nueva polémica al anunciar que excluirá a los inmigrantes indocumentados del conteo de cara a la distribución de los representantes por estado ante la Cámara Baja.
La decisión se dio a conocer en un memorándum publicado por la Casa Blanca y firmado por el gobernante cuando aún se lleva a cabo el censo en el país, el cual concluirá en octubre próximo su etapa de entrevistas.
“A los fines de la redistribución de Representantes después del censo 2020, es política de Estados Unidos excluir de la base de distribución a los extranjeros que no se encuentren en un estado migratorio legal”, reza el documento, que no precisó el mecanismo para determinar la condición migratoria de los empadronados.
Sí puntualiza el memorándum que el 11 de julio de 2019, Trump ordenó a los departamentos y agencias del Ejecutivo compartir información con el Departamento de Comercio sobre el número de ciudadanos y no ciudadanos, así como de inmigrantes indocumentados.
CENSO SALPICADO POR LA POLÉMICA
Ya el año pasado, el censo había sido motivo de una disputa legal que llegó a manos del Tribunal Supremo, después de que el Gobierno de Trump intentara incluir en el cuestionario una polémica pregunta sobre la ciudadanía.
El intento, sin embargo, fue bloqueado por el Supremo, que por cinco votos a cuatro falló en contra de la pregunta, al considerar que la Administración no dio una razón adecuada para agregarla.
En Estados Unidos, el censo determina el reparto de fondos federales, el trazado de los distritos electorales para la Cámara de Representantes y la representación del Colegio Electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.
En las semanas previas a la decisión del Supremo, anunciada el 27 de junio de 2019, se conoció un informe elaborado por Thomas Hofeller, un estratega del Partido Republicano fallecido en agosto de 2018, en el que recomendaba incluir en el censo la pregunta de la ciudadanía para así poder rediseñar los distritos electorales de manera favorable a los intereses de la formación conservadora.
Según el cronograma oficial, la oficina a cargo de este proceso entregará en diciembre próximo “los conteos de la redistribución legislativa al presidente y al Congreso” y en marzo del 2021 “enviará a los estados el conteo de la redistribución legislativa”, información que es usada para “redistribuir los distritos electorales de acuerdo con los cambios de la población”.
¿UNA NUEVA MEDIDA ANTIINMIGRANTE?
Trump indicó en una declaración posterior al memorándum que su Administración “no apoyará darle representación en el Congreso a los extranjeros que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país, porque hacerlo crearía incentivos perversos y socavaría nuestro sistema de Gobierno”.
Subrayó que la orden de hoy “refleja una mejor comprensión de la Constitución y es coherente con los principios” de la democracia estadounidense.
“Solía haber un momento en que se podía declarar con orgullo: ‘Soy ciudadano de Estados Unidos’. Pero ahora, la izquierda radical está tratando de borrar la existencia de este concepto y ocultar el número de extranjeros ilegales en nuestro país”, apuntó el presidente.
En un documento emitido también este martes por la Casa Blanca, se explica que la Constitución no define “qué personas deben incluirse a los fines de la distribución” y solo exige que los representantes sean repartidos “de acuerdo con lo que se ha entendido hace mucho tiempo como los ‘habitantes’ de cada estado”.
Bajo este entendido, de acuerdo con la explicación de la Casa Blanca, el no excluir a los inmigrantes indocumentados “podría causar que algunos ciudadanos estadounidenses estén infrarrepresentados proporcionalmente”.
Las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) estimaban en 12 millones los inmigrantes indocumentados en el país.
¿DECISIÓN INCONSTITUCIONAL?
Para Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council, la orden del presidente va “directamente contra la Constitución estadounidense, que dice que el censo tiene que contar ‘el número total de personas en cada estado'”.
“Por más de cien años, el Tribunal Supremo ha declarado que la palabra “personas” en la Constitución se refiere a todos las personas, independientemente de estatus migratorio”, aseguró a Efe, y consideró que sería difícil ejecutar esta decisión, ya que el censo “no tiene una pregunta sobre estatus migratorio”.
A su juicio, se trata de “un intento a distraer la atención de la pandemia y dividir a la comunidad”.
” Los inmigrantes que no tienen un estatus migratorio legal todavía son parte de nuestro comunidad: ellos pagan impuestos, contribuyen a la sociedad y construyen comunidades fuertes”, afirmó.
Mientras que Madai Ledezma, quien hizo parte de las demandantes ante el Supremo contra la pregunta sobre ciudadanía, dijo a Efe que lo que el presidente está intentando hacer “es algo absurdo”.
“Ya la Corte Suprema votó a favor de nosotros al negarle esa pregunta; entonces, yo creo que él nada más está buscando volvernos a intimidar de alguna manera al ver que la Corte no le está apoyando en ningún aspecto”, sentenció esta inmigrante, que se sumará este día a una protesta convocada frente a la Casa Blanca para rechazar esa decisión.
Laura Barros
