El Ministerio de la Juventud acusó a la empresa Inforedes Conocimiento y Alta Tecnología (ICAT) de tener una actitud chantajista con el proceso del cobro de una deuda y cuya condena está en revisión en el Tribunal Superior Administrativo.
Afirma que los abogados Erick Yael Morrobel Reyes y Luis Enrique Ricardo Santana, representantes de Elby-Ramón Cabrera Herrera, propietario de la citada compañía, intentan obligar al Ministerio de la Juventud a pagar una suma millonaria mediante una sentencia de un caso que lo enfrenta con esa institución en los tribunales desde la anterior gestión 2012-2016.
“El presidente de la entidad comercial Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, Elby-Ramón Cabrera Herrera y sus abogados vienen realizando una campaña difamatoria y de intento de chantaje contra el Ministerio de la Juventud, en relación a un proceso judicial que aún está a la espera de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, colocando ante la opinión pública a la Ministra (Robiamny Balcácer) como la persona demandada, contrario a como se puede confirmar en la sentencia, donde la litis la lleva la institución producto de una negociación que no se realizó con la actual incumbente”, indican.
En una comunicación de prensa, explica que en ese contexto, a pesar de que las mencionadas entidades comerciales conocen que judicialmente el caso está en proceso de revisión de la sentencia anuncian, como si fuera una realidad, un supuesto fallo en contra de Robiamny Balcácer “con el burdo interés de presentar una acción imposible como una realidad legal, puesto que ningún fallo puede ejecutarse hasta adquirir la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada”.
El Ministerio de la Juventud rechazó que haya pagado con cheques a esta empresa debido a que no utiliza esta forma de pago, a menos que sean gastos menores por caja chica.
“Este es otro intento de difamación implementado por los abogados citados”, asegura la institucion pública.
Aclaró que este caso es contra el Ministerio de la Juventud y no contra la ministra Robiamny Balcácer. Recyerda el caso surge cuando las empresas Icat e Icatek presentaron unas facturas por supuestos servicios académicos prestados, en vista de un convenio firmado el 23 de julio de 2013.
Explica en el comunicado de prensa que en los archivos de los departamentos Financiero y de Becas se determinó que el expediente estaba incompleto, por lo cual se procedió a iniciar una investigación, acorde a los procedimientos administrativos.
“Con la intención de dar solución a la reclamación, tal como ha sido la práctica de esta gestión de honrar todos los compromisos económicos contraídos, y en actuación responsable con el manejo de la gestión pública, se les pidió a las empresas Icat e Icatek los soportes y documentos que sustentaran el pago por los supuestos servicios, para llevar los procesos que manda la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado y las demás legislaciones asociadas a estas actuaciones en el Gobierno”, agregó.
El Ministerio de la Juventud dice que luego de notificada la sentencia, se llegó a un acercamiento entre las partes con el fin de gestionar el pago, pero los abogados de la parte contraria exigían que el desembolso se les hiciera a sus cuentas personales, “contraviniendo los procedimientos gubernamentales para estos procesos”.
En consecuencia, y en vista de que existe una oposición de pago y embargo retentivo en contra de Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, por una cesión de créditos al Banco del Progreso, el Ministerio de la Juventud se vio obligado a oponerse al pago de la supuesta deuda.
“Nunca se ha tenido la intención de no pagar, sino que, como manda la Ley, el pago se realice en base al soporte irrefutable del servicio prestado”, dice el ministerio.
