Grupos armados ilegales están imponiendo estrictas cuarentenas por el coronavirus en partes de Colombia donde el Estado tiene poca presencia, amenazando e incluso asesinando a quienes no cumplen, advirtió Human Rights Watch.
Al menos nueve personas han sido asesinadas en los últimos meses por rehusarse a cumplir con las restricciones o por oponerse abiertamente a ellas.
En junio, el líder comunitario Edison León envióuna carta en la que les alertaba a las autoridades locales que miembros de un grupo llamado “La Mafia” estaban obligando a los residentes a operar un punto de revisión sanitaria en Putumayo. “No estoy dispuesto a seguir mandando a mi comunidad a la muerte”, escribió. Fue asesinado unos días después.
“Los ‘castigos’ brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación del Covid-19 exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas”, denunció José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para el continente americano.
Vivanco dijo que los grupos -que incluyen a rebeldes disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros- están utilizando la pandemia para reafirmar su control y ganar legitimidad ante los ojos de la ciudadanía, pero también actúan por miedo al coronavirus.
Muchas de las zonas rurales en las que operan estos grupos no cuentan con hospitales equipados con respiradores para atender a los enfermos graves.
Vivanco señaló que los grupos irregulares tienen miedo de que se presente un brote de coronavirus en sus filas. En su investigación, se halló que estos grupos están imponiendo reglas para frenar la propagación de Covid-19 en al menos 11 de los 32 estados del país. En cuando menos cinco de ellos están valiéndose de la violencia para ejercer control. Hacen llegar sus advertencias a la ciudadanía a través de panfletos o mensajes de WhatsAppp.
Un panfleto difundido por miembros del Ejército de Liberación Nacional hace unos meses en el norte de Colombia señalaba que sus soldados se han visto “forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas”, y advirtió que solo permitirían que salgan a la calle los empleados de tiendas, panaderías o farmacias.
En un caso, tres civiles fueron asesinados y otros cuatro resultaron heridos en el suroeste de Colombia después de ser baleados en un parque público. En otro incidente, dos inmigrantes venezolanos fueron asesinados mientras bebían alcohol en un taller de reparación de teléfonos celulares.
Human Rights Watch hizo un llamado al gobierno colombiano a proteger a la ciudadanía y garantizarle el acceso a la atención médica, alimentos y agua potable. “Este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”, subrayó Vivanco.
Fuente: NY Post
