La Vicepresidencia de la República distribuyó un comunicado de prensa en el que atribuye al director de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) la denuncia sobre que comerciantes adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) “en contubernio con dirigentes de la oposición política” se están dedicado a no despachar los alimentos a los participantes del Progresando con Solidaridad (Prosoli).
En el comunicado de prensa, acusa a los comerciantes de tomarle el balance de sus tarjetas electrónicas, para después de decirles a los titulares que no les han depositado y que están excluidos definitivamente de los programas sociales.
La Vicepresidencia sustenta su denuncia en la supuesta práctica de cuatro colmados. Son estos, el colmado Arias, en Baní; el colmado La Familia, en Bonao; el supermarket San Víctor; y el colmado Sandro, en Moca.
Se informó que a esos establecimientos se les despojaron del verifón y que fueron excluidos de la RAS “por dedicarse a esa práctica”.
En el comunicado de prensa, Ezequiel Vólquez, director de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), afirma “que la estafa responde a una estrategia política para hacer daño al ecosistema de pagos de ayudas sociales que han implementado los gobiernos del PLD”.
Declaró que no son casos fortuitos, sino que se están denunciando con frecuencia y en varios puntos del país. Y agregó que les dicen a los participantes de Prosoli que no les volverán a depositar en sus tarjetas Progresando con Solidaridad, y que han quedado excluido de ese programa social.
“No es verdad que la Vicepresidencia ni el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) está excluyendo a nadie, por el contrario, hemos estado prestos siempre a cubrir toda la población que se compruebe que necesite los subsidios del Gobierno”, afirmó.
Informó que a los establecimientos que se les despojó del verifón y que fueron excluidos de la RAS por dedicarse a esa práctica son Colmado Arias, en Baní; Colmado La Familia, en Bonao; Supermarket San Víctor y Colmado Sandro, en Moca.
Además, advirtió a los colmaderos que deben abandonar esta práctica abusiva que lacera la economía, y la seguridad alimentaria y nutricional de los programas sociales, “ya que no solo serán expulsados de la RAS, sino que también podrían ser sometidos a la acción de la justicia”.
“Los colmaderos deben pensarlo bien porque los vamos a excluir; todos aquellos colmaderos que encontremos en esta práctica los vamos a excluir y le vamos a suspender el verifón, porque los beneficiarios los están denunciando”, advirtió Vólquez.
¿Organismo autónomo?
La Administradora de Subsidios Sociales (Adess), legalmente se sustenta en el Decreto 1560-04 del 16 de diciembre de 2004, que la creó. Y aunque es un organismo adscrito al Poder Ejecutivo cuenta “con autonomía técnica, administrativa y financiera”, y con autoridad para actuar como unificador de los pagos de los subsidios Sociales focalizados otorgados por el Gobierno dominicano.
En al artículo 3 de ese decreto se establece: “Tendrá vinculación institucional y funcional con el Gabinete de Política Social y con todas aquellas instituciones del Estado responsables de determinar, instrumentar y focalizar un subsidio de carácter social”.
El mismo decreto, establece su carácter de “autónomo”- Pero en la página WEB de la Adess, se declara que tiene una vinculación institucional y funcional con el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), “coordinado por la vicepresidenta de la República, la Dra. Margarita Cedeño de Fernández”, y con todas aquellas instituciones del Estado responsables de determinar, instrumentar y focalizar un subsidio de carácter social.
En el comunicado de prensa distribuido por la Vicepresidencia, Ezequiel Vólquez sostiene que la Adess, ni ninguna institución del Gabinete de Coordinación de la Políticas Sociales (GCPS), escatimarán esfuerzos para enfrentar con determinación a todo aquel que intente vulnerar los derechos de las familias que reciben los subsidios sociales, y que los técnicos de esa entidad estarán prestos para acudir a investigar la más mínima denuncia en cualquier punto del país.
