Porque en el país no existen empresas con capacidad técnica, ni experiencia para proveer bienes y servicios en materia de la revista para vehículos, fue lo que motivó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) adjudicar, que ahora alega declaró desierta el 5 de junio, la Licitación Pública Internacional INTRANT-CCC-LPI-2019-0001, en la que se otorga un contrato millonario al Consorcio de Inspección Técnica del Caribe, donde participan tres empresas; entre ellas Castillo Holding Company S.A. presidida por Leopoldo Castillo Bozo, la cual no figura con operaciones en el país, registrando activos por 280 millones de pesos, y deudas por 227 millones, lo cual representa casi el total de sus bienes.
“Los posibles oferentes nacionales no poseen la suficiente capacidad técnica y experiencia necesaria para brindar el servicio objeto de la concesión. En el caso de la especie, este servicio no existe en el país”, alega el Intrant acogiéndose al numeral 1, del Artículo 16 de la Ley 340, sobre Compras y Contrataciones.
En un espacio pagado publicado en el periódico Listín Diario y en respuesta a la irregularidad del proceso publicado en un reportaje en el Programa Nuria Investigación Periodística, el Intrant alega que el proceso de licitación fue declarado desierto por el Comité de Compras y Contrataciones de la institución, mediante Acta Número 0550-2020, de fecha cinco de junio del 2020 y publicado en su portal, el 12 del mismo mes.
La publicación del rechazo de la licitacion por parte del Comité de Compras y Contrataciones del Intrant, se produce dos días después de que el equipo ide Nuria Investigación Periodística contactó a la institución, buscado una reacción sobre el tema.
Antes de poner al Intran sobre aviso de que se estaba investigando el tema, no existía ninguna publicación referente a que fuera declarada deserta la Licitación Pública Internacional INTRANT-CCC-LPI-2019-0001.
El miércoles 11, el equipo investigativo envió una carta al organismo regulador del tránsito solicitado su opinión.
El lunes, N Digital buscó reacción de uno de los ejecutivos del Intrant sobre el tema y la respuesta fue que “se estaba redactando un documento y que, en su momento, se haría de conocimiento público”. Al día siguiente, este martes, aparece el espacio pagado en el Listín Diario.
En ningún momento, el Intrant publicó en diarios de circulación nacional que la licitación estaba desierta, como establece la ley, al igual a como se procede cuando se hace la convocatoria.
En el espacio pagado, la institución también hace referencia a las situaciones judiciales y acusaciones fuera del país que atañe a Leopoldo Castillo, uno de los socios mayoritarios, y que las mismas no fueron suficientes para descalificar su oferta.
Alega que de conformidad con las disposiciones de los numerales 8 y 9 de Artículo 14 de la Ley Número 340-06, sobre Compras y Contrataciones, que no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado, las siguientes personas:
“8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública y 12) las personas naturales y jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente, con habilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público.
En el pliego de condicione se establece que su negocio no ha sido puesto bajo administración judicial y que sus actividades comerciales no han sido suspendidas, ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra, para lo que se requiere una certificación de no antecedentes penales.
La presentación de no antecedente penales es una certificación de la Procuraduría General de la República, pero tratarse de una licitación internacional y la empresa no es del país, y su representante es venezolano, no se presentó ninguna certificación ni de Panamá, donde conformó su empresa, ni de Venezuela, donde salió huyendo, según medios de comunicación.
HISTORIAL ADJUDICACIÓN.
Leopoldo Castillo Bozo, participante mayoritario del consorcio (70%), fue acusado de fraude por la Fiscalía de Venezuela, por fraudes en el negocio bancario y asegurador por lo cual se le emitió una orden de captura internacional vía la Interpol, y al cual el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le quitó la visa a través de la embajada americana en Venezuela, según reportan medios de la época.
A este empresario, se le ha confiado por contratación mediante concesión la implementación, equipamiento, operación y gestión de la inspección técnica vehicular en la República Dominicana, o lo que popularmente se conoce como “revista”, que es una especie de marbete que certifica que un vehículo está apto para circular de manera segura.
Esta ambiciosa adjudicación, contempla la construcción de 50 estaciones de inspección y revisión vehicular distribuidas en el territorio nacional, según el contrato, además de la adquisición de sofisticados equipos como rodillos metálicos para probar los sistemas de rodamiento, frenado y suspensión de los vehículos, Dinamómetros; para calcular el peso o fuerza de los autos, profundimetro; para medir el desgaste de neumáticos, calibradores acústicos etc.
Dicha licitación se publica el 28 de noviembre de 2019, y se adjudica el 30 de abril de 2020, a un consorcio creado 10 días antes de la presentación de la oferta al Intrant. El mismo está compuesto por las empresas Castillo Holding Company S.A., con Leopoldo Castillo Bozo como presidente, Estación ITV Vega Baja, S.A, bajo la presidencia de Ricardo Pérez Zambrana, y Womack Integrated Marketing, S.L; bajo la titularidad de David Antequera García.
De acuerdo al periodista de investigación internacional venezolano, Casto Ocando, debido a las denuncias en contra de Castillo Bozo, este huyó de Venezuela a países como Aruba, República Dominicana y Pánama, donde conformó empresas.
La fiscalía venezolana lo acusó a él y a su hermano Andres Castillo, por el delito de usurpación de identidad de empleados y clientes del banco BanValor, para comprar bonos en dólares de la deuda pública para luego ser vendidos en el mercado negro con beneficios, según reportes de medios venezolanos.
Rafael Durán, periodista de televisión venezolano, corrobora que Castillo Bozo, fue altamente beneficiado durante los gobiernos de Hugo Chávez, con cuantiosos negocios a través del ministerio de Educación de ese país, por ejemplo.
Durán cita, que el seguro de los maestros venezolanos estuvo a cargo de las aseguradoras de Castillo Bozo, y donde muchos docentes fueron estafados, y cientos de millones de dólares se “esfumaron”.
Llama la atención que a un empresario con este tipo de acusaciones, las cuales pueden ser corroboradas con una simple búsqueda en Google, el Intrant le haya confiado una concesión que duraría unos 10 años, y que solo en lote uno de unas 30 estaciones requerirá inversiones por 60 millones, 324 mil 684 dólares, lo que en pesos serían unos 3 mil millones, 450 mil 571.
No obstante, el proyecto luce altamente rentable, debido a la cantidad de vehículos que hay en el país y la cantidad de años de la concesión.
De acuerdo al censo de la Dirección General de Impuestos Internos de 2017, que utiliza en Intrant como referencia en el aspecto de rentabilidad del proyecto, en el país hay unos 4 millones 350 mil vehículos, con un número de inspección previstos de 3.7 millones de vehículos por periodos obligatorios, no obstante reducen la previsión a 2 millones 48 mil vehículos por el absentismo.
Con esta cantidad de vehículos, la inspección costaría 15 dólares para motocicletas hasta 300 centímetros cúbicos (CC) de cilindrada, 25 dólares para motocicletas mayores a 301 CC, 35 para vehículos hasta 2000 CC, y 50 sería el costo para vehículos de más de 2001 CC, según la tabla del pliego de condiciones.
60 dólares costaría la inspección de minibuses y autobuses pequeños, 80 para los más grandes y remolques 90.
Tomando en cuenta estas tarifas para las inspecciones técnicas vehiculares en la República Dominicana, y los solo 865,186 automóviles livianos que tenemos, se calcula que por esa vía se obtendrían casi 26 millones de dólares, lo que serían unos 1,500 millones de pesos cada año, lo cual generaría en tres años el monto de la inversión, solo solo en ese renglón.
Según la declaración jurada de impuestos de Castillo Holding Company de República Dominicana, la empresa tiene activos por 280 millones de pesos, y debe 227 millones de pesos, representando casi el total de sus bienes, lo que revela su insolvencia para realizar un proyecto de esta magnitud. Además de que ha pagado de impuestos solo 800 mil pesos, debido a que no declaró operaciones en el país.
