San Salvador, EFE.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tensó aún más la relación que tiene con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al tratar de forzar a la Sala de lo Constitucional a ampliar la cuarentena por la COVID-19 mediante un fallo, acción que se da cuando el país está al filo de un limbo legal de cara a la última etapa del confinamiento.
Bukele recrudeció así las tensiones que tiene con los otros órganos de Estado, dado que desde el martes no logra acordar con la Asamblea Legislativa ni el lugar en el que se sentarán para consensuar una nueva legislación antes de que el país se quede sin una norma para respaldar los últimos días de la cuarentena.
El referido vacío legal se daría a partir de la madrugada de el sábado cuando pierde legitimidad el decreto ejecutivo 29, con el que Bukele mantiene la cuarentena domiciliar “absoluta”.
Esta norma fue declarada inconstitucional por el Supremo por suspender garantías constitucionales sin que el Gobierno tenga esa facultad y en su fallo aplazó su suspensión por cuatro días.
Bukele tomó esta declaración judicial como una “orden” para que “asesinemos a decenas de miles de salvadoreños”.
La noche de este miércoles el mandatario condicionó la firma y entrada en vigencia de una ley aprobada por los diputados, que suspende los plazos judiciales y administrativos durante 10 días, a la ampliación de la vida del decreto 29 por medio de un fallo judicial.
“Así que, si a los honorables magistrados de la @SalaCnalSV (Sala de lo Constitucional), de verdad les importa la suspensión de plazos judiciales, solo tienen que ampliar la vigencia del Decreto Ejecutivo 29, como ya lo hicieron una vez”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.
CALIFICAN ACCIÓN DE “CHANTAJE”
Para el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, “el mencanismo que ha intentado utilizar el presidente en este caso” es el del “chantaje”.
“Es un chantaje mal planteado que no le va a tener efectos”, acotó Escobar.
En sus publicaciones en las redes sociales, el jefe de Estado salvadoreño dijo que los magistrados “tienen 3 días para renovar ese plazo”, el del decreto declarado inconstitucional.
Escobar explicó que, si Bukele no firma y publica en el Diario Oficial el decreto legislativo de suspensión de plazos, implica que estos se reactivaran en instancias judiciales y administrativos.
Añadió que esto significa que los ciudadanos y funcionarios que participan de estos procesos tendrían que salir de la cuarentena por la COVID-19, lo que podría ocasionar “agravios”.
“NUEVA AFRENTA” A LA DEMOCRACIA
El experto en temas de transparencia añadió que esta reacción del presidente es una “nueva afrenta” a las instituciones democráticas del país.
“Es preocupante, de nuevo, que el presidente desconozca el proceso político que establece la Constitución” y “deja en evidencia su poco espíritu democrático”, subrayó.
Indicó que sus críticas a las organizaciones sociales, a las que cataloga de “fachada” de la oposición, por solicitar que el fiscal general, Raúl Melara, vigile el cumplimiento de los fallos de la Sala de lo Constitucional también muestran una “resistencia a someterse a las reglas democráticas”.
El director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó como “brutal” el trato que tiene Bukele con los órganos Legislativo y Judicial.
Agregó que Bukele muestra una “conducta contraria a los derechos fundamentales a las libertades públicas, una conducta despótica” y su Gobierno está a “poca distancia de convertirse en una dictadura”.
Según el presidente salvadoreño, el Congreso y Corte Suprema le han quitado herramientas para enfrentar la pandemia del COVID-19, que ha dejado al menos 3.373 contagios y 64 fallecidos.
Desde el pasado martes, los representantes del Gobierno y diputados de una comisión del Congreso no se han reunido para tratar el tema de una nueva legislación, pese a que se los ordenó el Supremo.
Hasta el momento, el único punto en discusión es lugar para las reuniones. Hoy los parlamentarios de la Comisión Política llegaron a las instalaciones de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA)a la espera de los representantes del Ejecutivo, que nunca llegaron.
La comisionada Presidencial, Carolina Recinos, dijo en una conferencia de prensa que ellos no tenían conocimiento de esa reunión y que se reunirán con el presidente Bukele “para que nos diga que es lo que tenemos que hacer”.
