La Fiscalía de la ciudad septentrional italiana de Bérgamo, epicentro de la pandemia de coronavirus en Italia, interrogará a miembros del Gobierno, entre estos el primer ministro Giuseppe Conte, en el marco de su investigación sobre la gestión de la pandemia.
Los fiscales convocarán como “personas informadas” (es decir, sin atribuirles delito alguno), al primer ministro italiano, Giusseppe Conte; a la ministra de Interior, Luciana Lamorgese, o al titular de Sanidad, Roberto Speranza, según avanzan hoy los medios, sin indicar cuándo y dónde testificarán.
Sus testimonios engrosarán la investigación sobre la gestión de la pandemia del coronavirus, que hasta ahora ha infectado a más de 235.500 personas en Italia, de las que unas 34.000 han perdido la vida, además de bloquear el país durante casi dos meses y medio, sobre todo su industrializado norte.
Pero los fiscales se centrarán en preguntar a los miembros del Gobierno por las razones que les llevaron a no aislar inmediatamente como “zonas rojas” los municipios de Nembro y Alzano Lombardo (norte), a la postre dos de los más damnificados.
El pasado 21 de febrero, se confirmó el primer caso de contagio de coronavirus en el municipio lombardo de Codogno y al día siguiente del estallido de la crisis el Gobierno decretó el aislamiento de once focos, diez localidades de Lombardía y una del Véneto (norte).
Entre los diez pueblos lombardos no estaban Nembro y Alzano, zonas industriales en la periferia de la ciudad de Bérgamo.
Este miércoles familiares de víctimas del coronavirus, agrupados en el colectivo “Noi denunceremo” (Denunciaremos), testificaron ante los fiscales y denunciaron que el Gobierno tardó demasiado en cerrar esos dos pueblos, que acabarían siendo de los más perjudicados.
En concreto no fueron aislados hasta el 8 de marzo, cuando el Gobierno decretó el cierre de toda la región de Lombardía y otros territorios aledaños, un paso previo al confinamiento de todo el país, efectivo desde el día 10 de marzo.
“Durante quince días viajamos, trabajamos mientras el virus circulaba. Si se hubiera cerrado desde el principio la provincia de Bérgamo, no habríamos tenido que cerrar Lombardía ni Italia”, dijo hoy a los medios uno de los denunciantes, Stefano Fusco, quien perdió a su abuelo en una residencia de ancianos.
Los denunciantes sospechan que detrás de la decisión de no aislar inmediatamente estos dos municipios están los intereses económicos, ya que se trata de un área con una gran concentración empresarial en pleno motor económico de Italia, la región de la Lombardía.
Los fiscales ya han escuchado a los gobernantes regionales, como el presidente Attilio Fontana y su consejero de Sanidad, Giulio Gallera, de la ultraderechista Liga, que sostuvieron que la competencia para nombrar las “zonas rojas” era del Gobierno central.
El alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, del Partido Demócrata (PD, centroizquierda), uno de los que forman la coalición de Gobierno, ha descartado que las empresas de la zona hubieran podido hacer un efecto “lobby” o presionar al Ejecutivo para seguir operando.
Pero reconoció que en aquellos primeros días de la crisis las empresas de estos dos pequeños municipios temieron ser encerradas en la zona roja mientras el resto del país seguía operando.
En los primeros días de la crisis él mismo, como otros líderes políticos, se sumó a una campaña para llamar a los ciudadanos a hacer vida normal y seguir trabajando, animada según dijo por la patronal italiana Confindustria.
En un encuentro telemático ayer con la prensa extranjera aseguró que se arrepentía de participar en esa iniciativa pero refirió que en esos primeros días nada permitía presagiar la tragedia.
Fuente: EFE
