El gobernador del estado mexicano de Jalisco, Enrique Alfaro, enfrenta una grave crisis que incluye pedidos de juicio político en su contra después de que Giovanni López, un albañil de 30 años, falleciese tras ser detenido por agentes de la Policía el pasado 4 de mayo.
La muerte de López provocó una conmoción en el país, ya que demostró la persistencia de la violencia institucional que las fuerzas de Seguridad ejercen de manera cotidiana.
A las protestas realizadas la víspera en repudio al crimen en Guadalajara, la capital de Jalisco, se sumaron las declaraciones del senador Salomón Jara Cruz, quien solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como que la Fiscalía General de la República investigue el caso.
También advirtió que Alfaro podría ser sometido a un juicio político para determinar su responsabilidad en los hechos.
“El gobernador de Jalisco legitima y justifica el uso de la fuerza pública para imponer medidas de control sanitario”, aseguró el legislador, quien denunció que, en las condiciones actuales, es necesaria la participación de otros organismos porque la Fiscalía Estatal de Jalisco carece de credibilidad para investigar el asesinato.
Agregó que Alfaro, un político opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador, impuso “un gobierno de terror” con el pretexto de hacer cumplir las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus.
“Las violaciones graves a los derechos humanos se han convertido en una constante. Los abusos policiales se multiplicaron desde que el gobernador impuso un toque de queda bajo el argumento de que busca proteger la vida de las y los jaliscienses”, afirmó.
Por otra parte, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno nacional, Alejando Encinas, también responsabilizó al gobernador al señalar que el asesinato de López se registró en el marco de las medidas que ordenó para prevenir el coronavirus y que terminaron provocando violencia institucional.
Recordó que la víctima fue golpeada y detenida por presuntos elementos de la policía ministerial el pasado 4 de mayo, supuestamente por no portar cubrebocas, como se observa en un video difundido el pasado miércoles en redes sociales y que detonó la indignación de parte de la sociedad mexicana.
“De acuerdo con información proporcionada por familiares de la víctima, los elementos ministeriales se llevaron detenido a quien identificaron como trabajador de la construcción y que al día siguiente fue reportado como fallecido”, señaló el funcionario en un comunicado.
“El hecho se da en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco para hacer frente a la pandemia, que incluyen el uso de la fuerza pública y que llevó a la comisión de abusos por parte de la autoridad”, agregó.
Encinas condenó las detenciones arbitrarias que se cometen con el pretexto de hacer cumplir las medidas preventivas por la pandemia y que terminan afectando particularmente a las personas más vulnerables.
“Las autoridades de todos los órdenes de gobierno tienen el deber de garantizar las condiciones para que éstas se lleven a cabo, protegiendo en todo momento los derechos de las personas”, afirmó.
Frente a la presión social y política, Alfaro, quien asumió como gobernador en diciembre de 2018, responsabilizó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de López Obrador, de organizar las marchas en su contra en las que un policía fue prendido fuego y donde hubo patrullas quemadas.
“Le pido al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo”, acusó, aunque múltiples videos de la marcha realizada en Guadalajara también demuestran la violencia de los policías contra los manifestantes.
