Miami
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó por contraria al “espíritu del debate profundo sobre libertad de expresión que debe prevalecer en el ámbito digital”, una orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que responsabilizaría a las plataformas de internet como Twitter, Facebook, Google y YouTube, entre otras, por los contenidos que distribuyen los usuarios.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes, consideró que “el necesario debate sobre las responsabilidades y deberes de las plataformas en materia de distribución y curación de contenidos debe ser abierto, transparente, profundo y no puede estar enmarcado por una orden ejecutiva presidencial que, a todas luces, ha sido dictada por el presidente Trump en forma intempestiva, enojado por el trato que dio Twitter a algunos de sus tuits”.
“La actitud mostrada por el presidente Trump está alejada del espíritu del debate profundo sobre libertad de expresión que debe prevalecer en el ámbito digital, que no puede estar limitado por órdenes ejecutivas sino también considerar la rica jurisprudencia que se ha creado en EE.UU. en torno a los derechos de la Primera Enmienda”, dijo Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston, Jamaica.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, director de La Silla Rota, Ciudad de México, México, añadió que “la decisión unilateral de la Casa Blanca no solo tendrá repercusiones en el país, sino que pudiera contagiar peligrosas conductas regulatorias que podrían crear una ‘nueva pandemia’ de coacción en contra de la libertad de expresión a nivel global”.
La “Orden ejecutiva sobre la prevención de la censura en línea” fue emitida luego que Twitter incluyera avisos de advertencia a los lectores para que revisaran la información publicada por Trump en dos tuits en los que dijo que las votaciones por correo proceso que pidieron algunos gobernadores para sortear los efectos de la pandemia por el Covid-19, podría derivar en fraude electoral. La etiqueta de Twitter, donde Trump tiene 80 millones de seguidores, fue acompañada por un enlace a una página que describía las afirmaciones del presidente como “sin fundamento”.
El decreto presidencial tiene el propósito, entre otros, de eliminar las protecciones legales otorgadas a las plataformas tecnológicas en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Telecomunicaciones de 1996 (Communications Decency Act. Section 230) que les eximen de responsabilidad legal por información que publican terceros.
La orden ejecutiva ordena revisar si las políticas de uso de las empresas tecnológicas cumplen con su compromiso de neutralidad, tras acusaciones de que las redes sociales discriminan información y opiniones de usuarios con sesgo conservador. Requiere, además, que las agencias federales reexaminen sus gastos en publicidad oficial en dichas plataformas de internet.
Barnes y Rock se refirieron además a la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital de la SIP.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
