San Salvador, EFE.- El Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, prescindió por segunda vez del Congreso para declarar un “nuevo estado de emergencia” para combatir el COVID-19 después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema suspendiera temporalmente la primera declaración.
Así lo anunció durante una conferencia de prensa el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, y señaló que este nuevo decreto ejecutivo “deroga” la declaración que es examinada por los jueces constitucionales y estará en vigencia hasta el 6 de junio.
“Se ha decretado, conforme a un nuevo informe que presenta la Comisión Nacional de Protección Civil, (…) un nuevo estado de emergencia”, apuntó el funcionario.
El Gobierno de Bukele se basó nuevamente en un artículo de la Ley de Protección Civil que le da la facultad cuando no es posible que el Congreso se reúna.
Castro añadió que “no podemos estar restringiendo derechos constitucionales” sin una declaración de emergencia, en referencia a las medidas de restricción de movilidad aplicadas.
La declaración de este estado de emergencia, del que no se conoce su fecha de entrada en vigor, se da en medio de una escalada de las tensiones entre el mandatario con el órgano Legislativo, de mayoría opositora, y Judicial por decisiones que, según Bukele, le quitan herramientas y facultades para enfrentar la pandemia.
Cerca de la madrugada de este martes, el Congreso aprobó una ley que ordena una serie de medidas que permitan la reanudación gradual de las actividades económicas y administrativas, pero el mandatario salvadoreño advirtió que la misma será vetada y que se tomaría su tiempo para devolver la iniciativa a los diputados.
Esta legislación supone la suspensión de medidas dictadas por el Gobierno, como la prohibición del servicio de transporte público y la salida para compra de alimentos y medicinas mediante el último dígito del número de identidad.
Javier Argueta, asesor jurídico del Gobierno, manifestó que dicha ley posee, a su juicio, elementos que “rayan en la inconstitucionalidad” por “forma y fondo.
Por otra parte, Argueta sostuvo que en el proceso de inconstitucionalidad del primer decreto ejecutivo de emergencia expondrán a los jueces que “ya no tiene objeto que siga” tras su derogación.
Apuntó, tras reconocer que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de “obligatorio cumplimiento, que con el nuevo decreto subsanan los elementos expuestos por un abogado y que desembocaron en la suspensión.
Con este decreto, mientras el Supremo no se pronuncie a petición de algún abogado, se mantiene, según el Gobierno, la cuarentena domiciliar obligatoria y todas las limitaciones a la movilidad de los ciudadanos.
El mandatario salvadoreño, quien había indicado el domingo durante una cadena nacional de radio y televisión que “no es tiempo de abrir (la economía), por más que griten los empresarios”, indicó la noche del lunes que presentará un plan para reactivar las actividades económicas a partir del 6 de junio.
La ONU reclamó este martes al Gobierno de El Salvador que las medidas para combatir el coronavirus sean siempre legales, proporcionadas y que busquen el menor impacto posible para la población, y expresó su preocupación por algunos mensajes lanzados por autoridades del país.
“El secretario general urge a todos los actores políticos a actuar de forma responsable, con pleno respeto por los derechos humanos, las instituciones democráticas y el Estado de derecho”, señaló el portavoz de António Guterres, Stéphane Dujarric, durante su conferencia de prensa diaria.
Según el último recuento oficial, El Salvador registra 1.498 casos confirmados de COVID-19, 30 fallecidos y 1.142 pacientes sospechosos de contagio.
