El Tribunal Constitucional (TC) anuló una resolución del Congreso Nacional aprobada en diciembre de 2003 que dio el visto bueno a un contrato para que una compañía de capital extranjero instalara equipos de rayos X en varios puertos del país.
El organismo, cuyas decisiones son inapelables, declaró “no conforme con la Constitución de la República” la resolución 188-03 del Congreso Nacional, tras acoger una acción directa de inconstitucionalidad presentada por varias asociaciones empresariales dominicanas.
La sentencia emitida este miércoles, pero dada a conocer hoy, determinó que el contrato entre el Estado dominicano y la compañía ICSSI, suscrito en 2002, constituye un “evidente monopolio” a favor de la empresa concesionaria, con lo cual se viola el artículo 50.1 de la Constitución dominicana.
El Constitucional consideró que el Congreso Nacional no observó que los contratos administrativos deben tener como finalidad fundamental satisfacer el interés colectivo de los administrados, así como permitir el cumplimiento de un fin público, excluyéndose la posibilidad de que a través de ese mecanismo el Estado pueda otorgar monopolios a favor de un particular por la vía contractual, sino que debe serlo mediante la sanción de una ley.
“Cabe recordar que de manera explícita la Constitución dominicana de 1934 prohibió el establecimiento de monopolios en beneficio de particulares, manteniéndose esta en posteriores reformas constitucionales (1942, 1947), siendo en la reforma de 1955 que la prohibición de monopolio en beneficio de los particulares adquirió un carácter implícito”, dijo el Tribunal Constitucional.
El contrato fue firmado el 18 de julio de 2002 por las Fuerzas Armadas en representación del Estado dominicano, para que la empresa instalara y operara equipos de rayos X como medida de seguridad para la inspección y fiscalización de cuanto contenedor o vehículo se reciba en los puertos con fines de exportación.
Sin embargo, la empresa ICSSI fue duramente criticada por varios exdirectores de Aduanas dominicanos que se opusieron a la instalación de los equipos.
El oftalmólogo de origen dominicano Salomón Melgen es uno de los principales accionistas de la empresa concesionaria.
Melgen fue condenado hace dos años por un juez de Florida (EE.UU.), a 17 años de cárcel por 67 cargos relacionados con un fraude al sistema de salud pública estadounidense (Medicare) de 42 millones de dólares.
El juez Kenneth A. Marra condenó además a tres años de libertad vigilada a Melgen, quien en 2017 fue sometido a juicio y quedó en libertad bajo fianza de 18 millones de dólares a la espera de que el juez impusiera la pena. EFE
