Lima, EFE.- La recuperación de casos de COVID-19 en Perú se han ralentizado y actualmente hay más de 20.000 personas con la enfermedad activa en el país, donde el número de fallecidos llegó este lunes a 782 personas, según datos oficiales.
De acuerdo con el último reporte ofrecido por el Ministerio de Salud (Minsa), el total de casos de la epidemia ha llegado a 28.699, tras detectarse 1.182 nuevos, mientras que las recuperaciones son poco más de 8.400.
Además de mantener una gran incidencia entre los hombres, que son el 62,3 % de los infectados, actualmente hay 20.274 casos con COVID-19 activos en el país.
En medio de este escenario, el presidente Martín Vizcarra suspendió este lunes su habitual informe y rueda de prensa y dedicó la jornada a reuniones de trabajo con sus ministros y funcionarios, según informaron fuentes oficiales.
ÚLTIMAS CIFRAS
El número de fallecidos se incrementó en 54 en las últimas horas, hasta llegar a 782 desde que comenzó la epidemia, a inicios de marzo pasado, y ya se han realizado 239.563 pruebas, tras hacerse 6.816 desde la víspera.
Del total de infectados, 3.968 permanecen hospitalizados, 336 más que en el anterior informe, mientras que las unidades de cuidados intensivos (UCI) reciben a 598 de ellos, 44 más durante las últimas horas.
El reporte del Minsa agregó que, al haberse dado de alta a 337 personas, la cifra total de recuperados llegó a 8.425, lo que implica que actualmente hay 20.274 con la enfermedad.
Los datos oficiales confirman, de esa manera, que el país se acerca al límite de su disponibilidad de camas UCI, que son poco más de 600, mientras que la cantidad de recuperados ha disminuido paulatinamente, ya que durante las primeras semanas era cercana al 40 % del total de los enfermos detectados.
DECENAS DE POLICÍAS RECUPERADOS
Precisamente, entre los últimos recuperados estuvo un grupo de 56 agentes de la Policía Nacional, que reporta 1.300 infectados, aunque los primeros ya dejaron hospitales y clínicas de todo el país, según informó este lunes el ministro del Interior, Gastón Rodríguez.
Tras señalar que los agentes “están a buen recaudo”, el ministro detalló que ya se han realizado más de 30.000 pruebas de descarte a los policías y se espera la llegada, en los próximos días, de 200.000 pruebas más.
“Estamos en un combate a un virus desconocido, el cual nos puso en una situación que se desbordó. Las acciones se tomaron desde un inicio y ahora estamos complementándolas con medidas rápidas y efectivas”, remarcó.
El ministro informó, además, que una empresa privada está montando un hospital de campaña con 50 camas de hospitalización para los agentes que necesiten asistencia y que una cadena de hoteles ha habilitado 125 habitaciones en el país para aislar preventivamente a los policías que tengan contacto con personas infectadas.
MÁS DE 450.000 OBREROS SIN INGRESOS
La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) lanzó este lunes la voz de alerta ante la situación de su gremio, al señalar que 450.000 permanecen sin recibir ningún apoyo económico desde que a mediados de marzo se paralizaron las obras por las medidas de aislamiento y cuarentena dictadas por el Gobierno.
El secretario general de la FTCCP, Luis Villanueva, señaló que las “características especiales” de su trabajo no les permiten acceder “a ninguna de las figuras de protección social dadas hasta la fecha por el Gobierno”, que incluyen bonos económicos para familias vulnerables y la posibilidad de que los trabajadores formales retiren parte de sus contribuciones para pensiones.
“Son más de cuarenta días sin salarios y se anuncia que el sector construcción recién se reactivará progresivamente desde el mes de agosto. Es urgente la asistencia social económica del Gobierno para los trabajadores de este sector y sus familias”, exigió.
Por ese motivo, Villanueva pidió que se les considere en el bono económico de 380 soles (unos 108 dólares) quincenales que se da a las familias vulnerables ya que, de otra manera, “a los trabajadores en construcción civil y sus familias no los va a matar el COVID-19, los va a matar el hambre”.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
La Defensoría del Pueblo también señaló que es urgente que las autoridades garanticen el acceso a la información pública sobre el COVID-19 mediante los portales de transparencia de las instituciones estatales.
La Defensoría del Pueblo supervisó la información que las autoridades del sector salud publican en sus páginas web “en atención a la importancia del derecho de la ciudadanía de acceder a información pública” sobre el uso de los recursos y para “hacerlos partícipes en las decisiones sobre su salud y la de sus familiares”.
Aseguró que sus conclusiones “evidencian un claro incumplimiento de las obligaciones legales” y enfatizó que “en momentos de elevada incertidumbre, la población demanda información clara, completa, oportuna y accesible sobre las decisiones que le afectan, más aún, si ello involucra su salud”.
El organismo ratificó que mantendrá su “rol constitucional de supervisión de los deberes de la administración estatal”, con especial atención en el cumplimiento de las obligaciones de suministrar información sobre las acciones que toman las entidades públicas durante la emergencia sanitaria.
