La directora de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, informó este viernes que esa entidad inició las investigaciones sobre empresas denunciadas, presuntamente vinculadas a funcionarios y que han sido adjudicadas con montos millonarios en insumos de salud para enfrentar la pandemia del coronavirus o COVID-19
La funcionaria sostuvo que se investigan sus accionistas y los montos adjudicados y que la institución tiene la colaboración de sector salud para averiguarlo.
“Aún en compras de emergencia, las instituciones deben justificar sus actuaciones y las empresas adjudicadas deben cumplir requisitos exigidos en las bases. Así lo establece la Ley 340-06 y la 107-13”, dijo Guzmán a través de su cuenta de Twitter.
Advirtió que Contrataciones Públicas encontrará la manera de evidenciar a quiénes están abusando y para que las prácticas anti competitivas, el fraude y el incumplimiento, resulten si se justifica, en suspensión, exclusión y enjuiciamiento penal.
Respecto a las denuncias sobre compras de insumos de salud que incluyen manipulación, aumento de precios, manipulación de ofertas, carteles, entre otras, que afectan al sector público y al privado a nivel internacional y nacional.
“Contrataciones públicas ha estado hoy con expertos de China, Suiza, Italia, USA, y organismos internacionales en evento organizado por la universidad George Washington y todos denuncian comportamientos individuales de los gobiernos y rapaces de empresas y proveedores indican que los sistemas de compras han colapsado, que se han llevado de golpe 50 años de avances, y que todos los gobiernos y las instituciones han respondido tarde al comportamiento voraz y depredador del mercado”, continuó en su cuenta.
Indicó que una de las recomendaciones que realizan los expertos, es que se agilice la decisión de adquisición integrando personal médico, de finanzas y adquisiciones en un solo equipo que pueda tomar decisiones rápidamente”.
“Conocemos que es un tema que desborda y para estas acciones estamos invitando a trabajar coordinadas a Procompetencia y Proconsumidor, dos instituciones que tienen todo que ver con el mercado y el consumo, a asociaciones de empresas y organismos internacionales”.
“Que no se atreva nadie a jugar en esta situación extrema, con la salud y seguridad alimentaria del pueblo dominicano. No hay justificación posible. Si no lo han notado, se trata de derechos fundamentales”, estableció.
“La salud de las personas no es juego. Al día de hoy el país y 60 familias lloran desconsoladamente sus muertos; doctores y enfermeras en riesgo y un estado de excepción de emergencia declarado”, subrayó la funcionaria.
