Santo Domingo
Representantes de la cúpula empresarial de Santiago consideraron acertada la decisión del gobierno dominicano de solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA), investigar el fallo en el sistema de voto automatizado que motivó la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero.
La valoración la hicieron Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Fernando Puig, director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación Pro-Desarrollo de Santiago, quienes coinciden que el Gobierno hizo lo correcto al solicitar el concurso de la OEA y otros organismos internacionales, para realizar dichas investigaciones.
En igual sentido se pronunció el licenciado Juan Carlos Ortiz, presidente del Consejo de Directores del Plan para el Desarrollo Estratégico de Santiago, quien resaltó la importancia que reviste para el sosiego del país el que la OEA investigue lo ocurrido en la JCE y que motivó la suspensión de las elecciones municipales.
Destacaron que la participación de técnicos de dichos organismos mundial se envía un mensaje de confianza y contribuye a de devolver la confianza que debe tener la ciudadanía en una entidad tan importante para el sistema democrático dominicano, como es la Junta Central Electoral.
“Consideramos atinado el pedido que hizo el Gobierno a la OEA, porque contribuye a crear la confianza que la población debe tener en la organización del proceso electoral, como también viene a crear la base para que se realice una buena investigación de lo acontecido con los equipos para el voto automatizado de la JCE “, expuso el dirigente empresarial Sandy Filpo.
Sostuvo que la población lo que exige es que se investigue lo ocurrido con el voto automatizado y que si hay responsables se les aplique todo el peso de la Ley.
“Creemos en la Asociación de Comercio y Producción de Santiago, que el Gobierno al pedir a la OEA dirigir la investigación, ha creado la base para recobrar la confianza de una institución como la JCE, fundamental para el sistema democrático del país “, subrayó Filpo.
De su lado, Fernando Puig, catalogó de atinada y oportuna la decisión del Gobierno, porque la JCE tiene que recuperar la credibilidad tras la situación creada por la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero y que ha provocado manifestaciones de protestas en distintas zonas del país.
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, también catalogó de atinada la decisión del Pleno de la JCE de suspender al director de Informática de esa institución.
“Esperamos, tenemos la firme convicción que estas medidas contribuirán a que el próximo proceso electoral sea objetivo, transparente y que contribuya con el clima de confianza y estabilidad que requieren los distintos entes económicos del país “, estimó.
Puig, consideró asimismo que la ciudadanía les asiste el derecho a protestar por la suspensión de las elecciones municipales, pero deben hacerlo de forma pacífica y las autoridades brindarle la protección requerida.
En términos similares se pronunció Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación Pro-Desarrollo de Santiago, que entiende que la decisión de la Presidencia de la República en torno a la crisis generada en la JCE, es un paso importante porque atiende un reclamo que hace la ciudadanía de que se realice una investigación independiente sobre lo ocurrido.
“Entendemos que el país necesita volver a la tranquilidad, retomar el camino de paz social muy necesario para el desarrollo del país”, refirió.
En cuanto a las protestas ciudadanas en contra de la suspensión de las elecciones a nivel municipal, el dirigente empresarial reconoce que se trata de un derecho garantizado en países democrático como es el dominicano.
“Las protestas es un derecho en cualquier régimen democrático, siempre que se realicen un ambiente de paz, pacíficas y que los reclamos sean atendibles que contribuyan a resolver el problema y no agravarlo “, puntualizó Abreu.
Mientras que Juan Carlos Ortíz, titular del Consejo de Directores del Plan para el Desarrollo Estratégico de Santiago, dice confiar en los resultados fiables de esa investigación como lo requiere el país.
“Tenemos entendido que con esa decisión por parte del Gobierno dominicano y la OEA se podrá determinar quién es el culpable, que pasó, porque lo interesante es que nos devuelvan la confianza que la población debe tener del organismo que organiza las elecciones”, añadió.
Estamos convencidos que conviene a la democracia dominicana que esos organismos internacionales llevan a cabo esa investigación independiente, y así se ofrezcan resultados y que los responsables se den a conocer y se sancionen” , subrayó el empresario.
