El Partido Revolucionario Moderno (PRM) pidió garantías de la integridad física del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y de sus familiares. El oficial fue asignado por la autoridad competente hace mes y medio a la seguridad del candidato presidencial Luis Abinader. Hasta el momento era comandante policial en Juan Dolio.
Guzmán Peralta, con 34 años en investigación criminal en la Policía, informó al comando de campaña del Partido, haber recibido información procedente de un técnico de una empresa de telecomunicaciones, en el sentido de que oficiales de los organismos de seguridad del Estado maniobraban para vulnerar a través de puertos del servidor de la JCE, a fin de dañar el proceso electoral.
De conformidad con lo narrado por el coronel, el técnico le dijo que oficiales de seguridad le pidieron que les facilitara un vehículo y uniformes de la empresa de telecomunicaciones, para retirar de la JCE un equipo que ellos previamente habían introducido allí. Según la versión del oficial, el técnico sería responsable de dar soporte a organismos del Estado cuando requieren información por orden judicial. El Partido recibió esa información y actuó con la debida prudencia hasta no tener confirmación de la misma.
Según sigue testimoniando el coronel Guzmán, a las 3:12 de la madrugada de hoy, su antigua residencia, donde viven sus hijas, fue allanada por supuestos agentes policiales y del Ministerio Público que, habrían tratado de obligar a su hija para que los condujera a su paradero.
El director de la Policía Nacional está enterado de la situación de riesgo del oficial policial, y dijo que desconocía, hasta la mañana de este lunes, las razones por las cuales supuestos agentes de la policía y del Ministerio Público perseguían al coronel Guzmán.
El PRM tomo la decisión de que el coronel se presentara al requerimiento esta tarde en el Palacio de la Policía acompañado de los abogados del partido Antoliano Peralta y Luis Soto, acompañaron al coronel Guzmán Peralta para presentarse en el Palacio de la Policía Nacional.
El PRM hace de conocimiento público estos hechos y exige la seguridad y preservación de estas personas, a la vez que demanda una investigación seria ya fondo de esta situación.
