Por Paola Ferreras
El Plan Social de la Presidencia se ha ido transformando desde su creación por el expresidente Joaquín Balaguer en el 1989. Pasó a ser denominado por la administración de Hipólito Mejía en el 2000: “Plan Presidencial Contra La Pobreza”, y luego por Leonel Fernández, cuatro (4) años después, como “Programa de Protección Social de la Presidencia”.
Claramente sus recursos han sido abusados. En la página de transparencia de Plan Social se ve la cantidad exhaustiva de canastas alimenticias, fundas reforzadas, pollos ahumados y juguetes entregados, en su mayoría, a políticos e instituciones dependientes del Estado, aun cuando el Decreto 554-04 establece que este programa protege a los más pobres.
Periodistas se tornan partidarios; instituciones se hacen de la vista gorda y políticos “aseguran” votos a su favor al recibir miles de estos recursos para hacer con ellos lo que consideren.
Alrededor de 900 cajas navideñas, en total, han sido enviadas a periodistas como Euri Cabral, Melton Pineda, Anibelca Rosario y Julio Martínez Pozo, del staff del programa “El Sol de la Mañana”, quienes se muestran en apoyo hacia las acciones del programa.
En el programa Nuria Investigación Periodística se revela que congresistas de distintos partidos políticos tienen el privilegio de recibir cantidades industriales de productos destinados a los más vulnerables, los reparten en diciembre aprovechando la excusa de la navidad.
Supuesto audio donde Iris Guaba ordena atacar por las redes a periodistas
Entre los diputados y senadores tanto del partido actual como de la oposición han recibido más de 22 mil cajas navideñas y un estimado de 5 mil 400 juguetes. Algunos de los favorecidos fueron: Lucía Medina, Miguel Vargas, Temístocles Montás, Karen Ricardo, Amable Aristy, Francisco Domínguez Brito, Alfredo Pacheco Osoria, Juan Comprés Brito, entre otros.
De igual forma, instituciones del Estado reciben miles de recursos que son repartidos sin control.
Seguramente las canastas se quedaron entre conocidos, empleados y allegados de funcionarios públicos, dejando fuera al 25% estimado de la población dominicana que son verdaderamente pobres y el 2.9% que vive en pobreza extrema.
La Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Migración, la Vicepresidencia de la República, el Despacho de la Primera Dama, el Operativo de la Presidencia, El Ministerio de Interior y Policía, entre otras instituciones más, acumulan un estimado de 36 mil 950 cajas navideñas y 80 mil pollos ahumados.
Instituciones como la Cámara de Cuentas y la Procuraduría General de la República, cuya una de sus finalidades es ejercer el control interno y externo de irregularidades de funcionarios y órganos del Estado, están dentro de quienes reciben miles de canastas al año que debían llegar a la gente en extrema pobreza.
Iris Guaba, la directora del Plan Social, alega que no se viola ninguna ley debido a que estos operativos se catalogan como un “plan normal” cuando la realidad es otra. Estas acciones incorrectas de repartir bienes públicos a funcionarios públicos e instituciones, corrompen sus objetivos mientras que indirectamente compran su silencio.
En el renglón de compras del 2019 en la página de transparencia del Plan, donde se deben ver los costos de las compras de los recursos, solo están los primeros tres meses del año; sin embargo se detalla el arreglo del automóvil marca Mercedes-Benz de la directora. Allí también son inexistentes las compras millonarias de electrodomésticos que, según Guaba, normalmente se hacen todos los años.
Se ha calificado como “normal” que 3 mil 551 millones de pesos hayan sido destinados no a la pobreza, como lo establece la ley, si no a comprar voluntades partidistas para validar de forma irregular el malgasto del dinero público, cuando en realidad es abusivo e ilegal.
