El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva tiene previsto viajar a Italia para una audiencia con el papa Francisco el 13 de febrero, después de que la justicia brasileña aceptó un pedido para aplazar un interrogatorio previsto para la próxima semana, confirmó el instituto Lula.
El interrogatorio estaba fijado inicialmente para el próximo 11 de febrero, pero la décima sala criminal de Brasilia atendió el pedido de los abogados defensores y lo pospuso para el 19 del mismo mes con el fin de que el ex jefe de Estado pueda viajar a Italia entre los días 12 y 15 de febrero como tenía previsto.
En su parecer, el juez Ricardo Augusto Soares Leite consideró que el aplazamiento del interrogatorio no afectará el proceso, “pues es posible atender el pedido realizado sin alterar la programación inicial” del juicio.
En dicha causa, Lula está acusado de un presunto delito de corrupción pasiva, relacionado con la promulgación en 2009 de una prórroga de los incentivos fiscales para los fabricantes de vehículos a cambio de supuestos sobornos.
Lula, quien pasó 580 días en prisión y se encuentra en libertad provisional, está condenado en dos procesos por corrupción y tiene al menos otras siete investigaciones abiertas en su contra.
El exmandatario fue condenado en tercera instancia a 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en el balneario paulista del Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
El proceso todavía debe ser analizado por la máxima Corte del país, última instancia posible.
La otra pena que pesa sobre Lula es de 17 años y 1 mes de cárcel en un caso muy similar y ya confirmada en la segunda instancia.
LULA, SIN RESTRICCIONES PARA VIAJAR
El abogado del expresidente, Cristiano Zanin Martins, explicó a Efe que Lula no tiene “ninguna restricción legal o judicial” que le impida viajar al exterior debido a que todavía no existe una sentencia en firme.
Aún así, la defensa informó que notificó sobre el viaje de Lula a Italia a todos los juzgados donde el ex jefe de Estado tiene alguna causa abierta.
“No existe contra el expresidente ninguna condena juzgada en última instancia. Fue sometido a una prisión ilegal durante 580 días y eso fue reconocido por el Supremo, que restableció su libertad”, agregó.
Lula se vio beneficiado el año pasado por una decisión del Supremo, que consideró que un condenado no puede entrar en prisión hasta que se hayan agotado todas las instancias del proceso judicial, como es el caso del exmandatario.
El objetivo de la defensa, según Zanin Martins, es que se reconozca la “inocencia de Lula con su absolución”.
