La Fuerza del Pueblo (FP) acusó este viernes al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y al presidente Danilo Medina de violar “intencionalmente” la ley electoral, con el único propósito de favorecer a los candidatos municipales del Gobierno.
El titular de la Dirección Nacional Electoral de FP, Roberto Rosario, recordó que una de las razones por las que nació esa organización es porque desde un principio sus dirigentes vieron que hay una deriva autoritaria en la Presidencia del país.
“Ustedes han sido testigos de un audio donde una funcionaria dio instrucciones para que empleados desarrollen actos de persecución contra periodistas”, apuntó Rosario, quien calificó como un hecho grave en un país donde hay un Estado democrático.
Afirmó que la ley de manera expresa prohíbe las inauguraciones 40 días antes de las elecciones municipales y 60 días previos a las presidenciales.
“Esta inauguración por ejemplo, del Centro Modelo para Jóvenes en Conflicto en La Romana, no hay que hacer una investigación profunda, el propio presidente cortando la cinta”, dijo Rosario en un documento.
Apuntó que antes se alegaba que no había ley, pero que todo lo denunciado está en la ley electoral, recordando que los partidos de oposición han depositado varias instancias ante la Junta Central Electoral, quienes deben tomar medidas para frenarlo, pero no lo hacen.
“Simplemente se hacen los sordos, son mudos y ciegos, mientras eso ocurre esta gente está atropellando la Constitución y las leyes”, manifestó, al agregar que el Estado de derecho en la República Dominicana colapsó.
Lamentó que no haya un órgano con suficiente valor para enfrentar eso, al asegurar que “aquí se le tiene miedo al Gobierno, y por eso no hay valor para enfrentar eso”.
Adelantó que el próximo lunes estará en el país el jefe de la Misión Electoral de la OEA, a quien le entregarán un informe de todo lo que está ocurriendo.
Alertó que las presuntas artimañas del presidente Medina y el PLD violan los artículos 195 y 196 de la ley electoral, cuando los mismos restringen y limitan a las entidades estatales para que desde ellas no se haga promoción política en beneficio de los candidatos postulados por los partidos políticos.
Resaltó que el artículo 196, párrafo IV, dispone que “asimismo, el Gobierno Central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías, se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitario extraordinarios”.EFE
