Por Paola Ferreras
Son viejas y recurrentes las prácticas de altos funcionarios públicos de utilizar sus puestos y poder de toma de decisión para obligar a sus empleados realizar campaña, participar de actividades, buscar votos y hasta realizar acciones contra sus opositores políticos.
Casos así resaltan en el ámbito político, aún más en época de elecciones cuando la tensión y el apetito por preservar el poder a toda costa. El abuso de poder ahora es más evidente gracias a las redes sociales, con audios intimidantes que se convierten en virales.
En el 2012, fue cancelada Yadira Pérez, por parte del entonces presidente, Leonel Fernández, como directora de la Región Norcentral del Ministerio de Salud Pública, por críticas hacia la inauguración de hospitales no terminados. Dos años más tarde, Luisa Rebecca Valentín, periodista, fue revocada de su puesto en el Centro de la Cultura de Santiago, por exigir la transparencia de los ingresos de la institución.
Más reciente, en el 2019, dieciocho (18) embajadores fueron cancelados por el presidente Danilo Medina porque supuestamente apoyaron la campaña política del ex mandatario de la República Dominicana, Leonel Fernández Reyna.
De igual manera, funcionarios suelen, por medio de comentarios “discretos”, amenazar a sus empleados si no toman una decisión que favorezca sus ideales. A finales del 2019, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Silvio Durán, sugirió a sus empleados que votaran por la línea del presidente Danilo Medina a fin de cuidar sus empleos.
En septiembre del pasado año, Lucía Medina, hermana del actual presidente del país, amenazó a sus compañeros de partido: “Ay de ustedes que no voten por mí”. El comentario fue hecho durante el periodo su campaña para la senaduría de la provincia San Juan, puesto que perdió obteniendo un 46.08% de los votos, frente a un 51.38% de Félix Bautista.
A principios de este año, el senador Félix Vásquez, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) aliado al PLD, en la provincia Sánchez Ramírez, declaró en un acto político: “Nosotros queremos saber quiénes son, porque se acordó que el que no se integre sencillamente se va a cancelar”, seguido de aplausos en apoyo.
De manera implícita se da entender que estos “acuerdos” egocéntricos e intimidaciones son más comunes de lo que puede aparentar.
Asimismo, fue filtrado un audio en el cual se escucha a Iris Guaba, directora del Plan Social de la Presidencia, ordenando comentarios negativos en redes sociales hacia periodistas reconocidos del país, al igual que un insulto dirigido a uno de ellos. Exige también que resalten el desinterés de la oposición en planes sociales.
Supuesto audio donde Iris Guaba ordena atacar por las redes a periodistas
“Lo importante es, no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera, que chequeen todas las redes, en todos los lados. Chequeen donde los hacedores de noticias, por ejemplo, busquen a Huchi Lora, Altagracia Salazar, Orlando Jorge Mera, búsquelos y cáiganles encima, que ese es un estúpido aprovechando un artículo que no es”, ordenó Guaba.
El audio filtrado por WhatsApp surgió luego de que saliera a la luz que trescientos 80 millones de pesos fueran aprobados para la compra de electrodomésticos que serían donados a personas de escasos recursos en medio de una campaña electoral, lo que supuestamente favorecería al candidato presidencial, Gonzalo Castillo.
Altagracia Salazar respondió al audio lamentando el hecho que una funcionaria sienta poder para decidir lo que debe escuchar la opinión pública “porque maneja mucho dinero”, mientras que Huchi Lora expresó que ese acto muestra los mecanismos que usa un gobierno de dar instrucciones a gente pagada con el dinero del pueblo.
Este tipo de comentarios no son nada nuevo en la República Dominicana, mucho menos la opresión, o intento de, a los periodistas. Parte de la labor periodística es crear la costumbre de recibir numerosas amenazas, insultos y comentarios fuera de lugar no tan solo a su persona, sino también a los medios donde laboran.
Sin embargo, en el momento que se restringe a una o un grupo de personas de tal manera, violenta directamente el derecho fundamental a la libertad de expresión, libertad y a la seguridad.
En el Gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), el entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, expresó que el “gobierno era para los perredeístas, después para los perredeístas y si quedaba algo, era para los peredeístas”.
Esto fue en alusión contra los que se oponían a la reelección de Mejía, que dio al traste con la expulsión del presidente del PRD, Hatuey De Cams, legisladores, funcionarios y empleados hasta de última categoría.
