Buenos Aires .- Una denuncia, un arma, una foto. El caso de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman tiene infinitos detalles, decenas de personajes y, cuando se cumple un lustro del suceso, aún toda la incertidumbre sobre lo que pasó en el baño donde se encontró el cadáver.
La sociedad argentina quedó marcada desde ese momento por un motivo más, por si fueran pocas las opiniones que enfrentan a sus ciudadanos, y esa división se trasladó a una Justicia que a veces ha andado, otras ha desandado para volver a caminar sobre otros pasos y que ahora se prepara para posibles novedades.
Y, aunque las causas por la muerte de Nisman y también por la investigación sobre el atentado a la mutua judía AMIA de 1994 en Buenos Aires, que él investigaba, sean dos bosques empantanados en un país siempre alborotado, sí ha habido cambios, y muchos.
Una ida y vuelta del peronismo al poder entre cuatro años de Mauricio Macri -activo beligerante por un esclarecimiento de la muerte del fiscal-, un cambio de juez en la causa por su deceso y la sucesiva modificación de la carátula de esa causa de “muerte dudosa” a “homicidio” y el fallecimiento de uno de los denunciados por Nisman, el excanciller kirchnerista Héctor Timerman.
Cuando Nisman apareció muerto el domingo 18 de enero de 2015, habían pasado apenas cuatro días desde que denunciara a la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015), hoy vicepresidenta, y al día siguiente debía detallar dicha denuncia ante el Congreso, un momento crucial para su trayectoria.
La acusaba de uno de los delitos más graves que puede haber contra una persona en su país: intentar encubrir, junto a Timerman y otros colaboradores y a través de un acuerdo con Irán firmado en 2013, a los iraníes sospechosos del peor atentado terrorista de Argentina, que dejó 85 muertos en la AMIA.
Ese atentado sigue sin tener condenados, a pesar de que siempre se apuntó a la responsabilidad del entonces Gobierno de Irán y de la organización islamista libanesa Hizbulá.
UNA DENUNCIA
“El kirchnerismo se portó antes de su muerte como si quisiera matarlo y después de su muerte como si lo hubiese matado”, dice a Efe el diputado opositor Waldo Wolff, del macrista Juntos por el Cambio.
Wolff insiste en que no tiene pruebas ni le “interesa” vincular al entonces Gobierno de Cristina Fernández en la muerte de Nisman, pero considera que aquel Ejecutivo es “responsable de su muerte incluso con las dudas (sobre) la manera en que murió”.
Las opiniones son de igual manera sólidas en el otro lado del tablero.
“Me parece muy difícil que él hubiera podido defender la denuncia, a mí me resulta muy claro que a pocos días de concretada la denuncia se concretaron las primeras desmentidas”, indica el abogado Alejandro Rúa, que llegó defender a Fernández en la causa de la denuncia de Nisman y que dirigió la unidad fiscal AMIA.
Rúa se refiere a las críticas que se granjeó la denuncia por parte de la Interpol y del que por aquellos tiempos era su secretario general, Ronald Noble, quien ha sostenido que el memorándum de entendimiento con Irán no conllevaba levantar las alertas rojas contra los sospechosos del atentado, que es precisamente lo que aseguraba Nisman en la denuncia.
Para el abogado, además, la clave cinco años después es que “sigue la incertidumbre propia del sistema judicial” argentino.
“Las opiniones pueden ser forzadamente enfrentadas pero eso es intrascendente si hubiera un sistema judicial que funcionara”, dice Rúa en una frase que según él vale tanto para la causa por su denuncia como para la causa por su muerte.
“Yo debo admitir que la pude analizar (la denuncia) tiempo después de la muerte de Alberto y no soy abogado como para saber si realmente es buena o mala”, reflexiona en conversación con Efe Diego Lagomarsino.
UN ARMA
Lagomarsino es sospechoso de la muerte de Nisman por haberle entregado el arma que acabó con su vida.
En la actualidad, después del último giro en la investigación producido en 2017 durante el Gobierno de Macri a partir de un peritaje policial que reconstruyó los hechos de una manera diferente a lo que la causa sostenía hasta ese momento, está procesado por ser “partícipe necesario de homicidio” y porta una tobillera electrónica.
Pero ese último giro bien podría ser el penúltimo en los próximos meses, ya que el nuevo Gobierno de Alberto Fernández, que tiene a la acusada por Nisman Cristina Fernández como vicepresidenta, anunció una revisión técnica del peritaje que llevó a cabo la Gendarmería argentina.
En cualquier caso, lo que está claro es que a Lagomarsino, un ingeniero informático, el caso Nisman le tocó en los cimientos de su vida, como a multitud del resto de implicados. A día de hoy asevera que no puede oír el sonido de una cámara sin acordarse de esos días de flashes. “Me destruye”, dice.
Él afirma que le dio el arma porque Nisman se la pidió para proteger a sus hijas pero cinco años después considera que estaba en un momento “muy tenso” de su vida, entre la espada y la pared, y que finalmente lo que acabó con su vida fue un “autodisparo”.
Se arrepiente de haber tenido ese arma, cuenta. Explica que su mujer lo “reputeó” (echó la bronca) por habérsela dado.
Y cree que Nisman les dirá a todos, en la otra vida, que él no tuvo “ningún tipo de participación en un plan” para matarlo y que por ello fue “injustamente acusado”.
Para Waldo Wolff, sin embargo, Lagomarsino es un “personaje raro” en la intrincada historia.
“Que un hombre que se lo presentó (a Nisman) un servicio de inteligencia, que aprendió a tirar con un servicio de inteligencia me preste un arma como yo te prestaría a vos un vaso con agua, no le cuente a nadie, y que además nos enteremos que tenía una cuenta de 600.000 dólares afuera (con Nisman), y todos siguen hablando de otras cosas… Nos pasan elefantes por adelante y no se detiene en el tema”, opina Wolff.
El informático siempre ha sostenido que tanto el darle el arma como la cuenta de la que era cotitular en Estados Unidos con el fiscal eran muestras de una relación laboral tóxica en la que a Nisman no se le podía decir nunca que no.
UNA FOTO
Wolff, crítico con Lagomarsino, fue el hombre que recibió la que hasta el momento es la última foto conocida que Nisman envió con su celular, del que la querella defiende que fueron borrados datos y conversaciones.
Esa imagen muestra unos papeles y varios subrayadores sobre la mesa de Nisman. “Estaba trabajando”, cuenta Wolff, a quien le llama la atención la actitud de la exfiscal del caso, Viviana Fein.
En primer lugar, le extraña que Fein, más tarde apartada del caso y procesada, dijera que esos papeles estaban en la misma posición cuando los efectivos policiales llegaron al apartamento donde murió Nisman, porque en realidad estaban cambiados de orden. Y segundo, que haya presentado esa foto como prueba policial cuando a él, único destinatario, nadie se la pidió.
“Yo me comuniqué con él para ver si el lunes teníamos que ir o no al Congreso y me mandó esa foto (…), yo en aquel momento no le di importancia (…), terminó siendo la última foto que él le mando a alguien aparentemente porque su teléfono fue borrado”, rememora Wolff, emocionado.
Con la revisión del peritaje de Gendarmería, cree que hay detrás “una injerencia” gubernamental y “un proyecto de limpiar todas las causas que comprometan al Gobierno anterior”.
