WASHINGTON — Los líderes demócratas del Congreso se preparan para invocar a la brevedad la Resolución sobre facultades en situaciones de guerra, con el propósito de evitar que el presidente Donald Trump inicie una guerra entre Estados Unidos e Irán. Por su parte, Irán ha jurado vengarse por la muerte del general Qasem Soleimani y, en caso de represalia, Trump ha amenazado con ordenar ataques aéreos desproporcionados dentro de Irán.
Por desgracia, las facultades del Congreso para ejercer control sobre la decisión de declarar la guerra se han ido debilitando desde hace varias generaciones, y varios gobiernos de ambos partidos han sentado precedentes que socavan la efectividad de dicha resolución para controlar las facultades del presidente de declarar guerra.
A continuación explicamos algunos problemas legales que produce esta crisis de rápida evolución:
¿De qué se trata la Resolución sobre facultades en situación de guerra?
Es una ley que el Congreso promulgó en 1973 para anular el veto del presidente Richard M. Nixon e intentar recuperar cierto control sobre las decisiones de guerra, derecho que se erosionó durante la Guerra Fría.
Aunque la Constitución le otorga al Congreso facultades para declarar la guerra, el Ejército de Estados Unidos mantuvo una considerable fuerza desplegada por todo el mundo durante la transición de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría. Algunos presidentes invocaron su posición como comandante en jefe para ordenar que esas fuerzas hicieran estallar o escalaran algunas guerras, como las de Corea y Vietnam.
Una parte de las disposiciones afirma que los presidentes solo pueden enviar fuerzas a lugares donde existen hostilidades tras recibir autorización del Congreso para emplear la fuerza, o en caso de que la nación sufra un ataque. Pero desde su creación, ningún presidente se ha apegado a la lista tan limitada de casos en que puede enviar fuerzas a combate unilateralmente.
Otra parte exige que los presidentes consulten con el Congreso antes de desplegar soldados en situaciones de “hostilidad” real o inminente. La mayoría de los presidentes han obedecido esta disposición, pero Trump no lo hizo antes de ordenar el ataque aéreo en contra de Soleimani.
Sin embargo, otra parte más, que es importante en este caso, señala que si un presidente despliega soldados a combate sin autorización, esa comisión debe concluir en un plazo de sesenta días, salvo que los legisladores la aprueben dentro de ese plazo. También le otorga facultades al Congreso para instruir al presidente que dé por terminada la operación antes de esa fecha límite.
¿Qué intentan hacer los demócratas?
Intentan aplicar la Resolución sobre facultades en situaciones de guerra para bloquear la posibilidad de que estalle una guerra con Irán.
El senador Tim Kaine, demócrata que representa a Virginia, propuso una resolución conjunta para tal efecto, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró el pasado 5 de enero que la Cámara tomaría esta semana una medida similar. La encargada de presentar la versión de la Cámara de Representantes será la representante demócrata Elissa Slotkin, de Míchigan, antigua analista de la CIA y el Pentágono especializada en milicias chiitas.
La resolución de Kaine declara que Trump ya envió fuerzas armadas estadounidenses a una situación de hostilidad con Irán sin autorización del Congreso y le ordena suspender esa acción en un plazo de treinta días contados a partir de su promulgación.
¿La resolución cuenta con suficiente apoyo político?
Existen motivos para ponerlo en duda.
Incluso si ambas cámaras aprueban esa resolución, parece inevitable que Trump le imponga un veto. Para anular ese veto se requeriría el voto de una mayoría de dos terceras partes de ambas cámaras, es decir que se necesitaría que un número significativo de republicanos votaran en contra de Trump.
El año pasado, las mayorías en ambas cámaras intentaron aprovechar la Resolución sobre facultades en situaciones de guerra para obligar a Trump a suspender el apoyo estadounidense a la intervención de Arabia Saudita en la guerra civil de Yemen. No obstante, Trump declaró el veto sobre esa resolución y una moción de anulación en el Senado fracasó por 53 votos a 45, pues solo siete republicanos decidieron unirse a los demócratas para oponerse al presidente.
¿Sería constitucional?
Es un asunto debatible.
Trump podría decir que tiene el derecho constitucional de desafiar esa resolución incluso si la aprueba el Congreso. Los tribunales se han mostrado renuentes a emitir un fallo en las controversias entre el presidente y el Congreso en relación con las facultades en situaciones de guerra, por lo que también es posible que ninguna de las partes obtenga una decisión positiva.
El fiscal general William Barr desde hace tiempo ha demostrado que prefiere una interpretación maximalista del poder ejecutivo; en una ocasión le dijo al presidente George H.W. Bush que podía declarar la guerra del golfo Pérsico en 1991 sin permiso del Congreso e incluso si los legisladores votaban en su contra. Muchos abogados del poder ejecutivo en los gobiernos republicanos se han mostrado hostiles hacia la Resolución sobre facultades en situaciones de guerra.
Muchos expertos en Derecho Constitucional consideran que la legislación es una forma válida de limitar el poder ejecutivo, y los gobiernos demócratas no han presentado ninguna objeción constitucional al respecto. Sin embargo, no existe ningún precedente para el caso, en parte porque nunca se ha presentado ese tipo de confrontación.
¿Es aplicable la Resolución sobre facultades en situaciones de guerra?
Es posible que también exista una controversia legal en cuanto a este punto, en especial si escalara el conflicto con Irán, pero siguiera limitado a ataques aéreos y ataques cibernéticos sin dar pie a una invasión en tierra.
Presidentes de ambos partidos han argumentado que la Resolución sobre facultades en situaciones de guerra no es aplicable a despliegues específicos por distintos motivos. En 1993, por ejemplo, existió un enfrentamiento debido a una misión de paz en Somalia y el gobierno de Clinton señaló que la lucha era demasiado intermitente para que esa legislación cubriera la operación.
Otro ejemplo ocurrió durante la guerra aérea de la OTAN en Libia en 2011, cuando el gobierno de Obama, a pesar de cierto desacuerdo interno, sostuvo que la participación estadounidense podía prolongarse más de sesenta días sin autorización del Congreso porque la operación era muy limitada y, por lo tanto, no podía considerarse el tipo de “hostilidad” cubierta por dicha resolución.
¿El Congreso ya autorizó esa guerra?
El asesor de Seguridad Nacional, Robert C. O’Brien, dijo que la orden de Trump de matar a Soleimani se encontraba “totalmente autorizada” por la ley de 2002, en virtud de la cual el Congreso autorizó el uso de fuerzas militares en Irak, además de la autoridad constitucional que tiene Trump para llevar a cabo acciones de autodefensa.
Al parecer, de ahí se deduce que es lícito defender a los soldados estadounidenses en Irak porque se les envió conforme a la ley de 2002, aunque la amenaza proviniera de un ciudadano iraní. Si Irán responde con un ataque a las fuerzas estadounidenses en Irak, el equipo jurídico de Trump podría decir también que la ley de 2002 cubre el caso de una respuesta escalada.
La resolución de Kaine, que indica que la muerte de Soleimani no fue autorizada por el Congreso, rechaza la idea de que la ley de 2002 cubra el creciente conflicto con Irán.
¿En realidad puede decirse que la muerte de Soleimani fue un ‘asesinato’?
No está muy claro. Depende no solo de la definición de “asesinato”, sino de la inteligencia secreta que, según el gobierno de Trump, respalda la acusación de que Soleimani planeaba un ataque “inminente” contra fuerzas estadounidenses en Irak.
Para efectos legales, la orden ejecutiva número 12333 prohíbe que funcionarios de gobierno participen en asesinatos o conspiren para cometerlos, pero ni esa orden ni ninguna otra ley federal definen el término.
La orden ejecutiva data de una regla impuesta por el presidente Gerald R. Ford después de que se dieron a conocer acusaciones en la década de 1970 sobre la participación de la CIA en planes para matar a líderes electos extranjeros que simpatizaban con el comunismo. Más adelante, cuando Estados Unidos enfrentó el terrorismo islámico, los abogados del poder ejecutivo de ambos partidos escribieron comunicados secretos en los que desarrollaron la noción de que ordenar la muerte de un objetivo específico por motivo de autodefensa no constituye un asesinato.
El gobierno de Obama también desarrolló la idea de que el concepto de amenaza “inminente”, que permite acciones violentas en caso de autodefensa, podría ampliarse para incluir a terroristas que planean de manera constante ataques desde las sombras, por lo que es posible ordenar su muerte en cualquier oportunidad que se presente, aunque no representen una amenaza inminente literal en ese momento específico.
¿Trump amenazó con cometer crímenes de guerra?
Sí.
Trump afirmó en Twitter que si Irán ataca a ciudadanos o activos estadounidenses en represalia por la muerte de Soleimani, ordenará al Ejército atacar sitios “importantes para Irán y la cultura del país” y que la respuesta estadounidense “podría ser desproporcionada”.
Una sección de la Convención de La Haya estipula que, en lo posible, debe ponerse especial cuidado en no dañar “edificios dedicados a la religión, las artes o las ciencias”, así como “monumentos históricos”, siempre y cuando no se utilicen con fines militares. La Ley de Crímenes de Guerra estipula que, conforme a la legislación nacional, constituye un delito que un ciudadano estadounidense contravenga tal prohibición, y puede castigarse con cadena perpetua o ejecución si el saldo incluye algún muerto.
La ley de la guerra también estipula que deben hacerse distinciones entre los objetivos militares y la población civil, así como sus bienes, que no pueden constituir blancos intencionales. Si bien está permitido cierto daño colateral como consecuencia de un ataque a un objetivo legítimo, este debe ser proporcional al objetivo militar.
Los demócratas quieren evitar que el presidente Trump inicie de manera unilateral una guerra con Irán y para conseguirlo han recurrido a una ley que prácticamente no se ha probado. (Anna Moneymaker/The New York Times)
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