EFE, Buenos Aires. La Delegación Argentina de Solidaridad con el Pueblo Boliviano, formada por activistas de ese país suramericano, emitió su primer informe desde Bolivia en el que denunció violaciones y agresiones sexuales a niños en el marco de la actual crisis, informaron este sábado a Efe fuentes cercanas a la comitiva.
La agrupación aterrizó ayer en La Paz, mantuvo reuniones con víctimas directas y familiares de quienes sufrieron las ‘violaciones de derechos humanos en el país’ y posteriormente hizo público su primer comunicado, en el que criticó la ‘represión de las Fuerzas Armadas y de seguridad del Estado’, que encabeza como presidenta interina Jeanine Áñez.
‘Existe responsabilidad directa del Estado por las muertes, heridos, detenciones ilegales y otros abusos y vejaciones ocurridas en Senkata (El Alto) como consecuencia del actuar represivo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y la posterior impunidad y encubrimiento de las demás autoridades judiciales, policiales y administrativas’, aseguraron desde la comitiva.
En concreto, la delegación argentina apuntó a ‘numerosos casos de delitos de violación y agresiones sexuales sobre niñas, niños y adolescentes’, y aseguró que hay tres niños con ‘capacidades especiales’ que están detenidos ilegalmente.
Asimismo, informó que en ‘numerosos testimonios’ se denunciaron torturas a adolescentes y adultos mayores.
Según el informe, ante esta situación hay una ‘ausencia total’ del Estado a la hora de brindar información a los familiares, no existe investigación judicial de ningún tipo y en muchos casos se ha negado la atención médica de emergencia a ciudadanos por su ideología política.
La llegada de la Delegación Argentina de Solidaridad con el Pueblo Boliviano al país estuvo marcada por la polémica, con una seria advertencia del Gobierno interino de que ‘se anden con cuidado’ y las quejas de varias personas que les recibieron en el aeropuerto y les recriminaron su presencia acusándolos de ‘venir a molestar’.
El activista y dirigente social Juan Grabois, integrante de la comitiva, pidió que el Gobierno argentino interceda ante las autoridades bolivianas para resguardar su seguridad, ante lo que calificó como una situación de ‘dictadura’ en Bolivia por los ‘asesinados, mutilados y desaparecidos’.
El conflicto desencadenado en Bolivia desde las pasadas elecciones del 20 de octubre costó la vida en actos violentos a 34 personas y otras 832 resultaron heridas, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han enviado delegaciones a Bolivia para estudiar la situación en el país, tras denuncias de muertes de civiles por disparos en operativos policiales y militares, mientras que el Gobierno interino de Jeanine Áñez niega que los autores sean las fuerzas del orden.
Las protestas comenzaron al día siguiente de las elecciones, entre denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que fue luego declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.
El pasado 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos advirtió de ‘graves irregularidades’ en los comicios y Morales anunció su renuncia, forzado por las Fuerzas Armadas, para salir al día siguiente hacia México, donde está asilado.
La renuncia de Morales ha sido calificada como ‘golpe de Estado’ por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos, entre ellos Alberto Fernández, presidente electo de Argentina.
Tras la primera jornada de los activistas argentinos en Bolivia, afirmaron que ‘todo lo registrado hasta ahora refleja en profundidad que la actuación represiva y la violencia ejercida tienen su fundamento principal en el odio racista hacia el pueblo y naciones indígenas que integran el Estado de Bolivia’.
