El presidente del Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surun Hernández, respaldó la decisión del Ministerio Público, de solicitar prisión preventiva para la suspendida fiscal de San Pedro de Macoris, Margarita Hernández, detenida por aprobar acuerdos para liberar a los femenicidas de Aníbal González y Juana Domínguez, crímenes perpetrados en esa provincia después de cuestionados acuerdos que dejaron fuera de las cárceles a los victimarios.
Advirtió que el gremio que dirige apoya cualquier acción legal emprendida por la Procuraduría General, para perseguir a cualquier funcionario del tren judicial que en el desempeño de sus funciones viole normas procesales.
El jurista catalogó de reprochable que la fiscal Hernández se prestase a validar acuerdos para permitir que psicópatas, amparados en documentos falsos logren su puesta en libertad para luego cometer femenicidios.
Recordó que el Colegio de Abogados fue el primero que se pronunció condenando los asesinatos de las dos mujeres a manos de sus exparejas , quienes mediante maniobras obtuvieron su libertad mediante sendos acuerdos refrendados por la magistrada Margarita Hernández.
En contra de esta representante del Ministerio Público, la que permanece detenida, está prevista conocerle medida de coerción, para la cual la Procuraduría General pidió prisión preventiva acusándola de incurrir en los delitos de asociación de malhechores, falsificación y en actos de corrupción.
El presidente del CARD considera un deber de ese gremio de apoyar las autoridades del Ministerio Público en su accionar en contra de todos aquellos que sea violatorio a la Ley, principalmente aquella que tienen a perseguir a cualquier funcionario que viole las normas procesales en el desempeño de sus funciones.
