Un juez ha ordenado este viernes la liberación de Lula da Silva. El expresidente de Brasil, que lleva 19 meses encarcelado por corrupción y al que la justicia impidió concurrir a las últimas elecciones, va camino de volver a pisar la calle. La decisión del magistrado llega un día después de que el Tribunal Supremo decidiera por la mínima, seis a cinco, revocar un criterio establecido hace tres años —y crucial en las investigaciones de Lava Jato—, de modo que ahora los condenados solo entrarán en prisión cuando la sentencia sea firme, no tras la condena en segunda instancia.
La repercusión política es inmensa en el muy polarizado Brasil. Lula, y colateralmente el Partido de los Trabajadores, es el asunto que más divide a sus compatriotas, se le ama o se le odia. No deja a nadie indiferente. Numerosos seguidores del exmandatario, agolpados frente a la prisión, esperaban la decisión del juez que finalmente ha llegado este viernes. “¡Suelten a Lila!”, se ha coreado toda la mañana a las puertas de la cárcel. Sus simpatizantes hacían guardia desde el primer día que estuvo en prisión, el 7 de abril de 2018. Una vigilia en la que brasileños provenientes de todo el país lo saludaron religiosamente los 580 días que Lula ha pasado entre rejas con un “Buenos días, presidente”.
El actual mandatario Jair Bolsonaro se ha guardado por ahora su opinión, la única referencia indirecta que ha hecho es alabar los logros en el combate anticorrupción de su ministro de Justicia, Sérgio Moro, el primer juez que condenó a Lula, su gran rival político.
Como en Brasil las deliberaciones del Tribunal Supremo son públicas y televisadas, la ciudadanía siguió en directo durante las últimas semanas los argumentos y la votación de cada uno de los 11 magistrados del Supremo. La tensión llegó a niveles récord cuando el voto del décimo magistrado supuso un empate. Cinco contra cinco. El presidente del Supremo, Antonio Dias Toffoli, tenía la última palabra. Inclinó la balanza a favor de Lula y del resto de los reos. Una decisión que ha permitido que este viernes el juez Danilo Pereira Júnior ordenase la liberación del expresidente.
La decisión de la justicia era inminente, por lo que algunos líderes del Partido de los Trabajadores ya se encuentran en Curitiba a la espera de la excarcelación. En los alrededores de las instalaciones de la Policía Federal, un grupo de seguidores del expresidente se ha congregado este viernes en apoyo a Lula, donde se ha montado un campamento bajo el nombre de “Lula Livre”. Mientras los fieles que hacen guardia ante la comisaría desde abril de 2018 esperan para recibirle, los movimientos anticorrupción han convocado marchas de protesta para este sábado.
Condenado por un segundo caso, Lula tiene otros pendientes con la justicia y está a la espera de que el Supremo resuelva un recurso. Tras la audiencia de este viernes, los abogados fueron cautos con los plazos, pero aseguraron que pidieron la mayor celeridad. Con una nueva pareja tras enviudar antes de entrar en la cárcel, hay todo tipo de especulaciones sobre lo que podría hacer cuando recupere la libertad.
El exmandatario, que abandonó el poder con altísimas cotas de popularidad por haber sacado a millones de brasileños de la pobreza, está condenado en segunda instancia a ocho años por corrupción por haberse beneficiado de unas obras realizadas por una constructora en un apartamento que frecuentaba. En un caso similar está condenado en primera instancia a otros 11 años. Él sostiene que es víctima de una caza de brujas en el marco del macrocosmo Lava Jato que reveló sobornos masivos en Brasil y el resto del continente y ha supuesto el encarcelamiento de muchos de los políticos y empresarios más poderosos de Brasil. Los abogados de Lula apremiaron el jueves al Tribunal Supremo a resolver un recurso de habeas corpus en el que acusaron de parcialidad al entonces juez Sérgio Moro, y por eso reclamaron la nulidad de todo el caso.
El fallo del Supremo del jueves supuso un golpe tremendo para los investigadores del caso Lava Jato, que emitieron tras la decisión una comunicado para recalcar que “la existencia de cuatro instancias judiciales, unido a un número excesivo de recursos, supone retrasos y prescripción, derivando en impunidad”. Y es que desde 2016 y al calor del macrocaso anticorrupción, los condenados en segunda instancia iban a la cárcel. El temor a verse privado de libertad fue uno de los factores que contribuyó a que proliferaran las denominadas delaciones premiadas, beneficios para los condenados a cambio de revelaciones e incriminar a terceros. El bolsonarismo, otros partidos como el PSDB o los fiscales criticaron el cambio de criterio del Supremo, que sin embargo apoyan los abogados de Brasil.
El más alto tribunal brasileño ha estado sometido a una presión mayúscula, sobre todo en redes sociales desde los círculos más afines al bolsonarismo. El decano de los magistrados aseguró: “Esta Corte Suprema no juzga en función de la calidad de las personas ni de su condición económica, política, social o estamental o funcional”. Y agregó: “Este juicio se refiere al examen de derecho fundamental que traduce una crucial conquista histórica de la ciudadanía ante el Estado. Siempre combatido, este derecho fundamental, por regímenes despóticos”. Pese a esa solemne declaración la jurisprudencia del Supremo sobre la prisión en segunda instancia ha variado con los años.
El ministro Moro emitió un comunicado el jueves en la que expresa su respeto por el fallo del Supremo. Bolsonaro, evitando referirse en todo momento a Lula, prefirió centrarse en alabar al más popular de sus ministros al que fichó como cruzado anticorrupción para seguir con aquella misión. “Parte de lo que ocurre en la política de Brasil se lo debemos a Moro”, declaró en un acto tras ser preguntado por Lula.
Publicado por El País
