Bajo el título de “Gobernanza, integridad y transparencia para el desarrollo”, el representante del CAF inauguró hoy una conferencia que marca el 50 aniversario de la entidad, en la que detalló que tres de cada cinco latinoamericanos sienten que sus conciudadanos no se preocupan por la corrupción, y que uno de cada cuatro, ha sido presionado para pagar sobornos a empleados públicos.
Carranza aprovechó para resaltar el impacto de la corrupción en la consecución de proyectos y afirmó que acarrea “altos costes de transacción” que obstaculizan el desarrollo de la región.
Además, puntualizó que “si el crecimiento no genera un aumento en las clases medias, tenemos una tensión entre lo político y lo social” y que la clase media debe generar la exigencia de mejoras “en la eficiencia de bienes y servicios, en la transparencia y en el control”.
El Vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, que también intervino en el acto inaugural, enfatizó que la corrupción es un hecho “aceptado culturalmente” en la región y que los latinoamericanos tienen la “mala costumbre de cotidianizar lo negativo”.
“Cuánto me molesta a mí escuchar esta frase: ‘no importa que roben con tal que hagan obras’, eso está estandarizado en el Ecuador y eso es lo que no podemos aceptar”, lamentó el vicepresidente.
El segundo mandatario resaltó que el Gobierno al que pertenece “no quiere ser encubridor” y que en esta línea ha recuperado 16 millones de dólares “producto de la corrupción“.
Sonnenholzner dijo que se barajan diferentes cifras acerca del saldo de pérdidas como consecuencia de la corrupción en el país andino en la última década, como la arrojada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que estima la cifra en 70.000 millones de dólares.
Y señaló que la razón por la que no se ha recuperado la totalidad del dinero sustraído es que a los implicados “se los acusa de ladrones, no de giles” y que buscarle la pista al dinero mal habido, resulta una labor complicada que se ejecuta lentamente.
El alto cargo ecuatoriano agradeció el apoyo del CAF en proyectos como la construcción del Metro de Quito, el plan gubernamental Casa para Todos y la Ruta Logística del Ecuador, entre otros, lo que “representa en promedio 800 millones (de dólares) en financiamiento al año”.
A lo largo de la jornada, más de 400 representantes de empresas privadas, organismos estatales y la academia, debatirán en cuatro paneles sobre la prevención de la corrupción, gobierno digital, infraestructura y fortalecimiento de vínculos entre lo público y lo privado.
En el encuentro también resalta la presentación del reporte titulado “Integridad en las políticas públicas, claves para prevenir la corrupción” que pretende contribuir a una agenda de reformas para que los gobiernos las analicen e implementen en América Latina.
