En la carta en la que denunció la investigación del juicio político, Pat Cipollone acusó a los demócratas de llevar a cabo un esfuerzo “ilegítimo” para “anular los resultados de la elección de 2016 y privar al pueblo estadounidense del presidente que eligieron libremente”.
Los aliados del presidente Donald Trump han optado por apegarse al mismo argumento o subirlo de tono. El representante de Luisiana Steve Scalise hizo lo primero cuando le dijo a Fox News que los demócratas estaban “literalmente tratando de anular los resultados de las elecciones de 2016, un año antes de que los estadounidenses tengan la oportunidad de ir a las urnas y decidir quién será el presidente”. Por su parte, Mollie Hemingway de The Federalist, un sitio web de contenido político pro-Trump, hizo lo segundo cuando describió una victoria demócrata hipotética en la elección presidencial de 2020 como un intento ilegítimo de anular los resultados de la última contienda.
Estamos frente a un atentado contra los cimientos de nuestra república orquestado por burócratas corruptos que no obtuvieron sus puestos por elección popular y que han decidido que la voluntad de los electores está subordinada a su deseo de poder. Esto representa una amenaza letal para nuestro sistema de gobierno y, si este golpe tiene éxito —ya sea mediante el proceso del juicio político o por medio de una elección que, según lo que hemos visto en los últimos tres años, el otro bando claramente está dispuesto a robar a como dé lugar—, la nación dejará de ser una república constitucional y democrática.
El presidente ha adquirido el hábito de denunciar la investigación del juicio político como un intento de golpe de Estado. En un tuit que publicó el 28 de octubre, Trump citó a un invitado de Fox News: “‘A estas alturas, los estadounidenses ya saben que la investigación del juicio político no es nada más que otro engaño y un golpe silencioso para derrocar al presidente de su cargo’”.
En conjunto, Trump y sus simpatizantes están promoviendo tres argumentos distintos. El primero es la idea de que la investigación del juicio político de la Cámara de Representantes es un ataque contra la presidencia al margen de la Constitución. Eso es absurdo. La Constitución solo establece los elementos básicos del proceso de impugnación: la Cámara de Representantes vota para aprobar o desestimar los cargos, el Senado realiza un juicio y emite un fallo respecto de los cargos. Todo lo demás está en manos de las cámaras. Las investigaciones de los juicios políticos que se han llevado a cabo anteriormente siguieron distintos procedimientos: no existe un proceso establecido. Pese a las quejas de los republicanos, los demócratas pueden redactar los artículos para el juicio político sin tener que realizar ninguna votación para autorizar o no una investigación (aunque planean hacerlo).
El segundo es igual de sencillo: la idea de que la destitución “anula” la elección anterior. Esto también es ridículo. Si Trump es destituido de su cargo, será remplazado por el vicepresidente republicano que él eligió y evaluó durante la campaña presidencial. El gobierno de Trump, con todos los funcionarios de su Gabinete —interinos o con otro estatus—, seguirá existiendo. Los jueces que designó aún estarán en el tribunal. Sin duda, la destitución presidencial es significativa, pero no equivale a una anulación.
Los tres argumentos tratan el resultado de 2016 como sacrosanto, pero el último de ellos es un poco más sutil: el pueblo estadounidense eligió a Donald Trump y la única manera de disputar esa decisión es en las próximas elecciones. Cualquier otra cosa es un ataque a la democracia. Los problemas con este argumento son interminables. Para empezar, el proceso de juicio político es parte de la estructura constitucional y se creó, en particular, para abordar casos de mal comportamiento de los presidentes, lo cual incluye intentos corruptos de solicitar que entidades extranjeras influyan en las elecciones.
También está el hecho secundario pero no menos importante de que no hay manera de que Trump o sus simpatizantes puedan aseverar con franqueza que cuentan con el apoyo del “pueblo”. Trump es presidente pese a los deseos de la ciudadanía. Los votantes no lo querían en la Casa Blanca, pero nuestro sistema de elección presidencial por estados —en el que la distribución geográfica de tus partidarios es más importante que su cantidad— le concedió la victoria. Como presidente, todavía no se ha ganado una mayoría del apoyo público y, en las últimas elecciones nacionales, su partido sufrió una derrota decisiva, pues perdió la Cámara Baja. En este momento, la mayoría de los estadounidenses respalda la investigación del juicio político. Trump es el presidente legítimo de Estados Unidos, pero la idea de que representa al “pueblo” —y que la investigación es un ataque a su voluntad— es insostenible.
De esta forma, el argumento de que las elecciones de 2016 son inviolables —y que, por lo tanto, el juicio político es “ilegítimo”— solo tiene sentido si se asume la lógica populista de derecha de Trump. Según este estilo de política, escribe Jan-Werner Müller en “What is Populism?”, “los rivales políticos solo son parte de la élite inmoral y corrupta”. Más adelante escribe que, para los populistas, “solo algunas personas son realmente ‘el pueblo’”. Trump pone esto de manifiesto siempre que tilda a ciudades enteras de infiernos violentos o ignora las crisis y emergencias en los estados que no votaron por él. Trump no ha tratado de representar a la nación en su conjunto y no pretende gobernar en nombre de todos.
En cambio, se autoproclama representante del “pueblo”, conformado solamente por sus simpatizantes, quienes, a su vez, en una especie de lógica circular, son la esencia de la nación. Según la perspectiva trumpista, las elecciones de 2016 se distinguen de todas las demás. No fueron una concesión de autoridad sujeta a la Constitución, sino que se convirtieron en un tipo de coronación en la que Trump fue consagrado como la encarnación del “verdadero Estados Unidos”, cuyo tamaño real es irrelevante.
Según esta lógica, el argumento a favor de Trump y en contra del juicio político es simple. Los demócratas, los republicanos hostiles (“escoria humana”) y los burócratas disconformes pierden legitimidad por su oposición, sin importar cuándo empezó ni por qué. Esa oposición, a su vez, es un rechazo del “pueblo”, como lo imagina Trump, y es por eso que usar un proceso legítimo y constitucional se convierte en un intento de “anular” su voluntad.
Esta lógica disparatada sobre la voluntad del pueblo solo puede terminar mal. El teniente coronel Alexander Vindman es el máximo experto en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional. Escuchó la llamada telefónica entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y Trump, y documentó sus reparos al comportamiento de Trump.
El 29 de octubre, Vindman habló con los investigadores de la Cámara de Representantes y, al proporcionar evidencia en contra de Trump, de inmediato se volvió un enemigo del gobierno y sus aliados. En Fox News, John Yoo, quien fue funcionario del Departamento de Justicia durante el gobierno del presidente George W. Bush, declaró que Vindman —quien emigró de Ucrania a Estados Unidos a los 3 años— podría estar involucrado en una labor de “espionaje”. The Federalist acusó a Vindman de colaborar en un “esfuerzo deliberado para socavar la autoridad de su comando militar y posiblemente derrocar al comandante en jefe electo”. Además, en Twitter, Trump denunció a Vindman por supuestamente ser un “Never Trumper” (Nunca Trump), que simplemente no era válido como resultado. “¿A cuántos ‘Never Trumpers’ más se les permitirá testificar sobre una llamada telefónica perfectamente apropiada cuando lo único que tienen que hacer es ¡LEER LA TRANSCRIPCIÓN!”.
Todas estas acusaciones y agresiones nacen de la misma idea. Trump es la nación, y la nación es Trump. Al ser la personificación del “pueblo”, no se le puede impugnar. En este momento, eso solo significa que la gente debe rechazar el juicio político. Sin embargo, parece dejar todo preparado para una argumentación similar en caso de que Trump termine perdiendo la próxima elección.
c.2019 The New York Times Company
