MISSOULA, Montana — En su primer día en esta pequeña ciudad universitaria apretujada entre los parques nacionales de Lolo y Flathead, Funugo Nsanzinfura se aseguró de presentar la documentación requerida para que su hija, Faith, junto a su madre Ayingeneye, lo alcanzaran en esta creciente comunidad de refugiados congoleños.
Desde aquel día de 2018, Nsanzinfura ha cocinado para estudiantes, supervisado ganado en un mercado y aseado a los residentes discapacitados de un hogar comunitario. A lo largo del camino ha ahorrado lo que ha podido para reunir a su familia en Missoula, a más de 13.500 kilómetros de distancia del campamento ugandés de refugiados donde creció. Pero la medida del gobierno de Trump de reducir a casi la mitad el número de refugiados que se aceptarán en Estados Unidos en los próximos 11 meses, ya ha provocado que se cancelen varios vuelos planificados de refugiados —tres tan solo en esta semana— dejando varadas a más de 400 personas autorizadas para viajar y a Nsanzinfura en un estado de desesperación.
Nsanzinfura está contemplando lo que hasta hace poco era impensable: regresar a África oriental y al campamento del cual había logrado escapar.
“Es mi familia, debo hacerme cargo de ellos”, afirma Nsanzinfura, conocido también como Joseph. “He perdido la esperanza de poder verlos otra vez, aquí”.
Mientras la Casa Blanca se prepara para cerrar en 18.000 el número límite de refugiados de este año fiscal, la cantidad más baja desde que el programa fue implementado hace cuatro décadas, muchos de los casi 200 congoleños que se han establecido en Missoula han atendido las llamadas desesperadas de familiares que llevan años esperando en campamentos en Uganda o Tanzania para obtener refugio en Estados Unidos. Una mujer ha estado suplicando junto a líderes comunitarios por ayuda para su hijo, quien recientemente salió de un coma y se encuentra solo en un campamento. El mes pasado, un pastor de la localidad preparó a sus tres hijos para ir al aeropuerto a darle la bienvenida a su tío, solo para descubrir, la misma mañana de la llegada, que el vuelo había sido cancelado.
De hecho, los vuelos cancelados del 29, 30 y 31 de octubre fueron el tercer lote en ser eliminado, mientras los funcionarios esperan la última palabra respecto del número límite de refugiados de este año, según un representante del gobierno que declaró con la condición de permanecer en el anonimato por tratarse de asuntos internos. Las próximas salidas posibles se realizarían el 5 de noviembre, si para entonces el presidente Donald Trump autoriza el límite anual.
Trump ha restringido las admisiones de refugiados como parte de su objetivo general de limitar la inmigración. Los 18.000 de este año fiscal son muchos menos que los 30.000 aceptados entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 y aquellos fueron apenas una fracción de los 110.000 a los que el presidente Barack Obama les ofreció refugio en el año fiscal 2017.
La reducción del programa llega en un momento en que el número de personas que huyen de la violencia y la persecución a nivel mundial alcanzó los 70 millones el año pasado, la cifra más alta registrada desde la Segunda Guerra Mundial. Se espera que Trump decida el límite de refugiados en los próximos días, una decisión que irá de la mano con una orden ejecutiva potencialmente divisiva que les otorga a los activistas locales mayor poder para rechazar a los refugiados elegidos para reubicarse en sus comunidades. Ambas, el número límite y la orden cambiarán el rostro del programa de refugiados del país.
“Es una táctica política, arriesgar nuestro programa y causar miedo entre aquellos que deberían ser recibidos con los brazos abiertos para tener una mejor vida en Montana”, afirmó Steve Bullock, gobernador del estado y candidato demócrata a la presidencia.
Funcionarios del gobierno han alegado que los recortes son necesarios para enfocar los recursos federales en el aumento de familias inmigrantes que este año han cruzado de manera ilegal la frontera sur, aun cuando esos casos han disminuido más del 60 por ciento desde mayo. Miles de refugiados en el extranjero ya aprobaron las inspecciones de seguridad obligatorias y solo están esperando sus boletos a Estados Unidos.
Muchos de ellos provienen de la República Democrática del Congo. Hasta julio, más de 4300 refugiados del Congo habían superado las extensas inspecciones de seguridad exigidas por Estados Unidos y fueron autorizados para mudarse al país. Es el número más alto de refugiados aprobados de cualquier país, de acuerdo con información del Departamento de Estado obtenida por The New York Times. Más de 26.600 congoleños completaron la inspección inicial del proceso para refugiados.
Sin embargo, las leyes para refugiados de Trump no funcionan a favor de los congoleños, en menor y mayor escala. El gobierno se está alejando del esquema de selección de vacantes basado en la geografía. En vez de reservar espacios para África, Asia oriental, Europa, el Sudeste Asiático, América Latina y el Caribe, la presidencia de Trump apartará 4000 vacantes para los iraquíes que colaboraron con el Ejército estadounidense, 1500 para personas de América Central y 5000 para personas perseguidas por su religión. Las 7500 vacantes finales son para aquellos que estén buscando reunirse con sus familias y hayan sido aprobados para la reubicación.
Esas reparticiones no dejan mucho espacio para los refugiados cuyas familias huyeron de la violencia étnica y sexual en el Congo durante la década de los años noventa y han pasado la mayoría de sus vidas en campamentos congestionados para individuos desplazados en África oriental.
“Se han desarraigado y han vendido todo, pensando que tendrían una nueva vida en Estados Unidos”, afirmó Nazanin Ash, vicepresidenta de políticas globales y el fomento del Comité Internacional de Rescate. “Y ahora les cambiaron la jugada y los dejarán sin ningún recurso a la vista”.
Más allá de los refugiados, las nuevas reglas han generado preocupaciones en comunidades anfitrionas como Missoula. El mismo día que el gobierno anunció que habría menos refugiados, Trump firmó una orden ejecutiva que le solicita a funcionarios gubernamentales locales y estatales proveer una autorización por escrito antes de que los refugiados puedan ser reubicados en sus comunidades. La orden podría permitir que, en la práctica, los funcionarios bloqueen los reasentamientos de refugiados en sus zonas.
El alcalde de Missoula, John Engen, afirmó que los refugiados no han traído delincuencia. De hecho, han resuelto el problema de escasez de mano de obra en la comunidad.
La orden de veto comunitario de Trump está “diseñada para complicar las cosas y permitir que personas en jurisdicciones muy lejanas a la mía y que no tienen idea de cómo es Missoula, Montana, me envíen cartas de odio”, asegura Engen. “Es pura intimidación ¿No tienes nada mejor que hacer que hostigar al alcalde de Missoula, Montana?”.
En opinión de defensores como Engen, los congoleños están llenando un vacío de diversidad cultural en un pueblo donde el 90 por ciento de la población es blanca. En los años ochenta, refugiados del pueblo hmong provenientes de Laos se establecieron en Missoula. Los hijos de las familias inmigrantes son por lo general los pocos estudiantes de color en las aulas de la ciudad, y sus padres son los que trabajan largas jornadas en los negocios que están urgidos de ayuda.
Bob-Be Sparks, gerente de limpieza del Holiday Inn del centro de la ciudad, afirmó haber contratado este año a 28 refugiados y solo a otros dos residentes de Missoula.
Una de sus contratadas, Justine Kambale, ha sido ascendida al puesto de supervisora. Sparks espera mejorar los puestos de otros refugiados y, a medida que su inglés mejore, ponerlos detrás del mostrador a tratar directamente con clientes.
“Si no tengo suficientes personas para preparar las habitaciones, se quedan vacías durante la noche y no generan ganancias”, afirma Sparks, quien se describe a sí misma como “muy conservadora”.
c. 2019 The New York Times Company