El costo fiscal, es decir, el subsidio que representa el peaje de la carretera Santo Domingo-Samaná asciende a más de RD$3,566.9 millones en el presente año, para un incremento del 38% con relación al 2018, según cifras ofrecidas por la ONG Oxfam en República Dominicana.
A través del informe “Autopsia fiscal: evaluación de los gastos e ingresos del gobierno dominicano para garantizar derechos”, se detalla que el costo total de ambas autopistas fue de alrededor de US$305 millones o lo equivalente a aproximadamente RD$11,000 millones al tipo de cambio de los años de construcción.
Sin embargo, durante el período 2012-2019 solo por concepto del subsidio por “peaje sombra”, el fisco le habría pagado a la empresa unos RD$21,000 millones, lo cual representa unos US$457 millones.
En estos recursos no están incluidas las recaudaciones directas de la empresa en los peajes. Es decir, tan solo en los primeros ocho años de funcionamiento de la carretera, el capital privado casi ha duplicado su inversión, y aún le quedan 20 años de concesión.
El Estado firmó con el consorcio de empresas constructoras, Autopista del Nordeste S.A., un contrato en modalidad concesión vial, en el cual la inversión privada se encargaría de construir y financiar directamente el 80% del costo total de las carreteras Autopista del Nordeste (o Juan Pablo II) y el Boulevard Turístico del Atlántico entre los años 2006 y 2011, a cambio de que el Gobierno les cediera por 30 años el derecho exclusivo de recaudo del 100% de peajes en ambos trayectos.
El acuerdo también establece un ingreso mínimo garantizado, el cual, de no cumplirse las recaudaciones esperadas por la empresa en el flujo de vehículos por carretera, tendría que ser compensado por el Estado dominicano. Esa diferencia, que ha resultado deficitaria desde que se inauguró el proyecto, es lo que se conoce como peaje sombra.
Este contrato fue firmado en el cuatrenio 2004-2008, cuando Leonel Fernández era presidente de la República.
