WASHINGTON — Conforme aumentan las posibilidades de que la Cámara de Representantes impugne al presidente Donald Trump para que sea sometido a un juicio político en el Senado, empieza a plantearse una pregunta inquietante: ¿podrían destituirlo solo para que tratara de regresar a la Casa Blanca en 2020 como un intento trumpiano de redención y venganza?
Al igual que gran parte de la confrontación sobre el juicio político que se avecina, esa decisión recae totalmente en el Senado. Es de todos sabido que la Constitución le otorga al Senado el poder absoluto de condenar o destituir a un presidente, cosa que nunca ha ocurrido. Lo que pocas veces se debate es una cláusula más opaca de la Constitución que permite que el Senado aplique su criterio para tomar una segunda medida todavía más punitiva de inhabilitar a la persona a la que condene para que no vuelva a ocupar “ningún cargo de honor, de confianza o con retribución en el gobierno de Estados Unidos”.
La imposición de esa sanción en efecto impediría que el presidente solicitara su antiguo puesto. En otra vuelta de tuerca, para aplicar esa sanción adicional se requieren solo los votos de la mayoría en el Senado, no de las dos terceras partes (o 67 senadores) que se necesitan para declararlo culpable.
Por el momento, la idea de inhabilitar a Trump es la más remota de las ideas hipotéticas, ya que primero se necesitaría que el Senado votara para llevarlo a juicio político y retirarlo del cargo. Eso parece muy poco probable por los pocos deseos de desampararlo que han mostrado los republicanos del recinto, pese al torrente de hallazgos negativos que se han presentado en la investigación del juicio político. No obstante, si casi 24 republicanos votaran para destituirlo, solo se necesitaría una mayoría simple para expulsarlo de la presidencia de por vida.
Esta singularidad constitucional poco conocida —misma que se ha aplicado de manera desigual en los casos en que los jueces federales han sido retirados de sus cargos— solo es un ejemplo de lo que puede suceder en el proceso anárquico de una impugnación presidencial, un procedimiento por demás insólito y en constante evolución, repleto de antecedentes sin analizar.
La probabilidad de un juicio de destitución está haciendo que los senadores y los colaboradores deban documentarse sobre el proceso y asimilar mucha información. Existe mucha incertidumbre. ¿Podría el Senado emitir un voto de censura para Trump como una alternativa a su destitución?, una propuesta que no prosperó por razones de procedimiento durante el juicio político del presidente Bill Clinton. ¿Existe la moción para desechar los artículos del juicio político?, y si es así, ¿cuándo puede solicitarse?
Además, existen preguntas mucho más profundas. ¿Acaso las nuevas revelaciones sobre los intentos de Trump para presionar a Ucrania a fin de desprestigiar a sus oponentes políticos podrían hacer recapacitar a los republicanos para que dejen de apoyarlo? ¿Cómo impondría el Congreso su voluntad sobre el presidente, y él la acataría? ¿Los tribunales intervendrían, y qué podrían decir?
Algunos expertos en la Constitución se preguntan si la cláusula de inhabilitación siquiera puede aplicarse a un presidente, pero el consenso es que se escribió precisamente para ese fin cuando los redactores de la Constitución se reunieron en Filadelfia en 1787.
“Si algo sabemos acerca de lo que los redactores estaban pensando concretamente cuando estaban elaborando las cláusulas sobre la destitución, es que estaban pensando justo en el presidente”, señaló Frank Bowman, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Misuri y autor de “High Crimes and Misdemeanors: A History of Impeachment for the Age of Trump” (Delitos graves y faltas leves: una historia de juicio político en la era de Trump).
Ahora a los 73 años, a Trump quizás ni siquiera le interese postularse de nuevo si lo destituyera el Senado controlado por los miembros de su propio partido. Pero para un presidente que siempre está buscando pelea, podría ser una dulce venganza que los votantes lo reeligieran luego de que los legisladores demócratas y republicanos se unieron para despedirlo.
Al menos un experto en la Constitución dijo que debido al carácter de las acusaciones contra Trump —que cometió abuso de poder para obtener ayuda del extranjero en las elecciones del próximo año— inhabilitarlo sería una sanción ilógica.
“Si el juicio político se sustenta en la llamada telefónica a Ucrania y a lo que se derivó de ella, y la idea es que está utilizando su puesto de manera inapropiada para desprestigiar a su oponente, la solución a eso es retirarlo del cargo”, afirmó Edward Foley, una autoridad en derecho electoral y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho Moritz de la Universidad de Ohio.
De los ocho jueces federales que han sido retirados de la judicatura por mal comportamiento, solo han inhabilitado a tres para cualquier cargo en el futuro. El caso más conocido de alguien que no fue inhabilitado fue el del representante demócrata de Florida Alcee Hastings, un antiguo juez federal de distrito, quien, a pesar de haber sido absuelto en un juicio penal, fue despedido por el Senado en 1989 por acusaciones de cohecho solo para resultar electo en 1992 a la Cámara de Representantes, en donde sigue en funciones. (Algunos académicos sostienen que, sea como sea, no se podría prohibir que un funcionario federal destituido contendiera por un escaño en el Congreso).
El caso de Hastings fue un relato aleccionador para los miembros del Congreso que en 2010 manejaron el juicio de destitución del juez G. Thomas Porteous de Luisiana por los cargos de cohecho y perjurio. Se aseguraron no solo de someterlo a juicio y destituirlo, sino también de inhabilitarlo.
Sin embargo, la inhabilitación siguió siendo algo adicional, y el Senado casi pierde su oportunidad de hacerlo. Tras la votación para enjuiciar a Porteous, lo cual implica automáticamente la sanción de retirarlo del cargo, los senadores salieron precipitadamente en medio de la confusión acerca de si era necesaria una segunda votación sobre la inhabilitación para futuros cargos. Resultó que sí y entonces volvieron a llamar a los senadores para que a toda prisa emitieran sus votos de inhabilitación, misma que se aprobó con 94 votos contra 2.
No era necesario ese margen abrumador. El Senado ha concluido, con base en sus propios precedentes, que se puede inhabilitar con una mayoría simple. La Constitución requiere explícitamente el voto de dos terceras partes para dictar una sentencia pero no especifica el margen que se necesita para la inhabilitación, así que los parlamentarios han resuelto que son suficientes los votos predeterminados del Senado.
Algunos académicos creen que una sanción tan importante debería requerir una votación más definitiva, y alegan que una mayoría cualificada de dos terceras partes debería ser la norma para ambas sanciones.
“Debería hacerse valer mediante el mismo tipo de votación”, señaló Michael Gerhardt, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Carolina del Norte y autor de “Impeachment: What Everyone Needs to Know” (El juicio político: lo que todos deberían saber).
“No está claro por qué una tendría que ser más sencilla que la otra”, añadió.
El umbral mínimo ha motivado algunas especulaciones de que incluso si el Senado no destituye a Trump, de todas formas podría inhabilitarlo para cargos futuros con el voto de una mayoría simple. Pero, en general, se descarta esa idea por considerarse inconstitucional, ya que la inhabilitación para cargos futuros debe derivarse de la destitución basada en los artículos del juicio político.
“Es una disposición relativa a la destitución”, dijo Bowman.
c. 2019 The New York Times Company
