Santo Domingo, (EFE).-El sacerdote colombiano Aleycer Vivas Ortiz fue enviado este miércoles a tres meses de prisión preventiva en la República Dominicana bajo las acusaciones de violación sexual agravada en perjuicio de una menor de tres años.
La prisión preventiva fue decretada en una audiencia en el Tribunal de Atención Permanente de la provincia de San Cristóbal, al suroeste de Santo Domingo, donde fue arrestado el párroco, que también era director de una escuela donde estaba matriculada la niña.
El abogado de los padres de la menor, Rudy Polanco, aseguró la contundencia de las pruebas en contra del sacerdote, en declaraciones a medios locales.
Mientras tanto, los abogados de defensa alegaron la inexistencia de elementos suficientes para sustentar la acusación y calificaron como un “exceso” la prisión preventiva.
Tras ser entrevistada el lunes por un equipo de especialistas y pediatras del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal, la niña, de exactamente tres años y ocho meses, fue sometida a un análisis mediante cámara Gesell, para comprobar la presencia de traumas psicológicos.
Esta herramienta tecnológica se usa para evitar o disminuir la revictimización y se emplea en casos relacionados con delitos contra la libertad sexual, violencia en razón de género, trata de personas, para protección de la víctima, sobre todo, si es menor.
En la misma fiscalía, otra pareja se querelló hoy en contra del sacerdote, denunciando un intento de violación sexual a sus dos hijos, un varón de cuatro años y una hembra de la misma edad, según informó la televisión de noticias CDN.
Vivas Ortíz, perteneciente a la orden de los Agustinos Recoletos, fue suspendido por la Iglesia Católica por los supuestos abusos sexuales cometidos contra la menor, según anunció la diócesis de Baní, de la que dependía, el pasado domingo.
El religioso era director desde el pasado febrero en la escuela parroquial Santa Rita, a la que acudía la menor, cuya identidad no se ha revelado por motivos legales.
Mediante un comunicado, el obispo de Baní, Víctor Masalles, pidió perdón en nombre de la orden de los Agustinos Recoletos, de la diócesis y en el suyo propio, “por el daño que esta situación representa para la familia y para la sociedad”.
Asimismo, el obispo afirmó que se le está brindando “todo el apoyo, acompañamiento y solidaridad” a la familia afectada por los abusos.
Al anunciar la suspensión del sacerdote, la diócesis no aportó más detalles sobre el caso ni detalló en qué fecha o lugar fueron cometidos, ni en qué circunstancias.EFE
