El Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte Justicia (SCJ) declinar del Departamento Judicial de La Romana al Distrito Nacional, el caso que sigue en contra de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, quien se acusa junto a otros 12 individuos, de tráfico de drogas, lavado de activos, asesinatos y asociación de malhechores.
La petición se produce a propósito de que en 14 meses de haberse iniciado el proceso, todavía no se ha podido conocer las medidas coerción a los imputados, debido a las tácticas dilatorias utilizadas por sus abogados, lo cual indicó que hasta la fecha ha conllevado a que se hayan producido 15 aplazamientos.
La entidad persecutora explica que solicitó la declinatoria del caso por motivos de seguridad pública, a fin de garantizar una buena administración de justicia, así como la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley.
Se informó que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana dispuso el sobreseimiento del proceso hasta tanto la Suprema Corte de Justicia decida respecto a la declinatoria formulada por el Ministerio Público.
En ese sentido, señaló que las audiencias han estado caracterizadas por diversos incidentes que han dado origen a que las mismas sean suspendidas, atendiendo a ocho recusaciones a jueces y fiscales, tres inhibiciones, varios recursos de apelación, acciones de amparo y habeas corpus, entre otras estrategias que están afectando y distorsionando cada vez más el curso normal del proceso.
El Ministerio Público indicó que pese a los esfuerzos hechos para que se conozca la medida de coerción desde el mes de agosto del pasado año, ha sido imposible el conocimiento de la misma, debido a maniobras oscuras por parte de los encartados que revelan que no están disposición de que el caso avance, ya que constantemente violan las normas del proceso.
Señaló que los insultos, las acusaciones infundadas, el irrespeto y la actitud desafiante son constantes en la generalidad de los imputados cada vez que son llevados a la sala de audiencia, creando un ambiente de tensión, por lo que dijo es imperativo declinar el caso por ante una jurisdicción en donde existan mejores condiciones para el conocimiento del proceso judicial.
Refirió el órgano de justicia que de forma deliberada los imputados y sus abogados han venido atentando contra los principios básicos del proceso penal como lo es el plazo razonable para el conocimiento de la medida cautelar.
Se recuerda que el grupo formaba parte de una organización criminal que se dedicaba a las referidas actividades delictivas, la cual fue desmantelada el 11 de agosto del pasado año y sometidos los encartados a la acción de la justicia en la jurisdicción de La Romana.
El Ministerio Público le atribuye la violación del Código Penal Dominicano, la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Indicó que junto a Jesús Pascual Cabrera Ruiz también son procesados Juan Tomás Richiez Ditrén, Juan Ángel Peña Taveras (El Gordito y/o El Gordo), David Emmanuel Silvestre Sierra (Chuplú y/o Chuplún), Alexander Florián (Rafita), Alex Emmanuel Nina Rosario (Alexis), Alba Josefina Cruz, Edelyz Josney Rebolledo Vásquez y/o Edeliz Josney Rebolledo Vásquez, Johan Manuel Jiménez, Kendry José Ramírez (Cdi), Argenis Antonio Cedeño Berroa, Juan Carlos Bernardo (El Mecánico), y D’Angelo Martínez Castillo (D’Angelo), quienes cumplen prisión en diferentes recintos penitenciarios.
El Ministerio Público advirtió que no descansará en los esfuerzos que realizan para que esos imputados sean procesados como manda la ley por los graves hechos que se les imputan.
