TEGUCIGALPA, Honduras — La acusación en el tribunal de Manhattan fue sorprendente. Los fiscales estadounidenses dijeron que uno de los narcotraficantes más célebres del mundo le había dado un millón de dólares al hermano del presidente de Honduras, dinero en realidad destinado al mandatario.
Sin embargo, el jueves, Honduras atenuó su indignación con resignación tras enterarse de la noticia revelada en el juicio por tráfico de cocaína de Juan Antonio Hernández, el hermano menor del presidente Juan Orlando Hernández.
Este miércoles, el primer día del juicio, los fiscales señalaron que el capo mexicano de la droga conocido como el Chapo le había entregado un millón de dólares al hermano del presidente con la intención de que el dinero fuera canalizado al líder del país.
La noticia de que los fiscales estadounidenses dicen que el presidente es cómplice de narcotráfico tan solo confirmó lo que muchos hondureños ya creían sobre sus líderes políticos.
En efecto, muchas personas comentan que se rindieron hace tiempo, desanimados porque creen que Honduras jamás abordará la corrupción, la violencia y la criminalidad crónicas que estrangulan a la nación.
Como resultado de este pesimismo, miles se van del país todos los meses —muchos con dirección a Estados Unidos— tras perder la esperanza de poder tener un buen futuro para ellos y sus familias.
Así que el juicio por narcotráfico de Juan Antonio Hernández, conocido como Tony, solo ha reforzado la creencia de muchos de que su gobierno es corrupto y no tiene sus intereses en mente.
“Creo que mucha de la información que está saliendo ya la sabía casi todo el país”, opinó Gracia María Avendaño Paz, una abogada de 45 años. “Vivimos en un narco-Estado”.
En un tuit posterior a la acusación, el presidente negó haber recibido dinero y dijo que la denuncia era “falsa, absurda y ridícula”.
No obstante, a muchos hondureños que escucharon y procesaron la noticia por primera vez el jueves les pareció cierta, aunque los fiscales aún deben presentar pruebas.
“¿Acaso no sabía lo que estaba haciendo su hermano?”, dijo Francisco Antonio Velásquez, de 33 años y empleado de un hotel en Tegucigalpa, la capital. “Esto mancha su reputación. Yo creo que sí ha tocado el dinero sucio de los narcos”. El presidente también debería ser enjuiciado, agregó Velásquez.
El juicio comenzó tan solo unos días después de que el presidente Donald Trump llegó a un acuerdo con el presidente hondureño que dificultará que los solicitantes de asilo lleguen a Estados Unidos. Esto les ha dado la impresión a muchos hondureños de que Estados Unidos está más preocupado por frenar la migración que por el narcotráfico.
Juan Orlando Hernández ha sido el personaje político dominante del país durante gran parte de la última década: primero como presidente del Congreso y desde 2014 como líder del país.
Ha negado cualquier participación en el narcotráfico, argumentando que las acusaciones son una invención de narcotraficantes condenados que están furiosos a causa de sus severas políticas antidelictivas. En el Congreso, impulsó una ley que permite que Honduras extradite a narcotraficantes acusados a Estados Unidos y, como presidente, comenzó a enviarlos al norte para que comparecieran en juicios.
El jueves, el presidente les dijo a los reporteros en una conferencia de prensa que era probable que surgieran más “historias novelescas” sobre él en el juicio de su hermano en Nueva York como una estrategia de los narcotraficantes para atacarlo.
Raúl Pineda, exlegislador del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández, dijo que las acusaciones en contra del presidente lo ponían en una situación “muy incómoda”, pero que aún tiene un control firme del país.
“La opinión pública nacional es muy desfavorable”, dijo Pineda. “Sin embargo, no tendrá efecto debido a que el presidente controla al fiscal general, al sistema judicial, a las fuerzas armadas y a gran parte de los medios”.
“El temor a las represalias lleva a una suerte de aceptación silenciosa”, agregó.
La única esperanza que tienen muchos hondureños, dijo Pineda, es que la presión del exterior del país imponga ciertos cambios, por ejemplo, que las pruebas del juicio detonen una investigación seria en Honduras de los actos del presidente. “Su control es fuerte pero no absoluto”, comentó Pineda.
Mucho antes del arresto en noviembre pasado de su hermano, quien está acusado de traficar cocaína a través de Honduras durante por lo menos doce años, Juan Orlando Hernández vio cómo la opinión pública en Honduras se ponía en su contra.
Una oleada de niños que viajaban solos desde Honduras, El Salvador y Guatemala, quienes huyeron a Estados Unidos en 2014, enfocó la atención en las condiciones de la región, donde la violencia de las pandillas generaba los índices de homicidios más altos del mundo.
Al año siguiente, salieron manifestantes a las calles para protestar por la corrupción desenfrenada en Honduras, lo que obligó al presidente a aceptar a un panel de fiscales internacionales para investigar casos de corrupción. Ese grupo, que trabaja con la oficina del fiscal, ha comenzado a revelar cómo desvían los políticos los fondos públicos a sus bolsillos, lo que confirma las sospechas que los hondureños han tenido desde hace mucho sobre la razón por la que el dinero destinado a construir escuelas, clínicas y carreteras jamás llega a esos proyectos.
Más del 60 por ciento de los hondureños vivían en la pobreza en 2018, de acuerdo con el Banco Mundial. En las zonas rurales, una de cada cinco personas vive con menos de 1,90 dólares al día.
Las remesas de los hondureños que trabajan en el extranjero conforman alrededor del veinte por ciento de la economía del país.
En 2017, Juan Orlando Hernández ganó la reelección tras un conteo de votos disputado. Una investigación de las Naciones Unidas determinó que 23 personas murieron en las manifestaciones posteriores, por lo menos dieciséis de ella a manos de las fuerzas de seguridad.
“No hay una sola área en la que se pueda decir que al país le está yendo bien”, dijo Suyapa Figueroa, presidenta de la asociación médica de Honduras, quien dijo que ha observado un declive constante de los servicios de salud a lo largo de los últimos diez años.
Los presupuestos para la salud y la educación han caído como porcentaje del gasto total, dijo Ismael Zepeda, economista de Fosdeh, una institución de investigaciones en Tegucigalpa.
En 2010, el presupuesto de salud fue del doce al trece por ciento del presupuesto total del gobierno, precisó. El año próximo, será del seis por ciento.
Sin embargo, el juicio es una preocupación lejana en las aldeas rurales donde la gente vive al día y donde el abandono del gobierno es lo que más duele.
En la municipalidad de Cedros, a casi 94 kilómetros de la capital, las señales de abandono del Estado están en todas partes: en los campos secos, en las carreteras de terracería llenas de baches y en las escuelas rudimentarias.
Wilmer Valdez, un residente local, dijo que ha tratado dos veces de llegar a Estados Unidos y en ambas ocasiones lo han enviado de regreso. Sin embargo, con un nuevo bebé al cual mantener, quizá lo intente de nuevo.
“Buscamos un futuro porque aquí solo hay lo suficiente para arreglártelas día con día, nada más”, comentó Valdez.
c.2019 The New York Times Company
