La Coalición para la Defensa de la Constitución y la democracia, depositó una instancia ante la Junta Central Electoral (JCE), donde solicita de manera urgente al órgano comicial medidas preventivas ante la falta de auditoría técnica internacional del voto electrónico.
La instancia indica a la Junta Central Electoral, ordenar el conteo del 100% de la votación en nivel presidencial, del 50% del nivel congresional y de un 25% del nivel municipal del voto automatizado, con el conteo físico de los volantes impresos que recogen la misma, que los ciudadanos depositan en las urnas y que esta confirmación se realice antes de la transmisión oficial de los recintos.
Todo a fin de que sirva como una especie de auditoría física ante la ausencia de una auditoria internacional, de efectividad del voto automatizado antes de dar resultados, reduciendo con esto el riesgos de desviación.
El pastor Fidel Lorenzo, coordinador de la Coalición, al depositar la instancia ante la JCE, junto a los juristas Juárez Castillo, Namphi Rodríguez, y Freddy Ángel Castro, explicó que este proceso sería fácil y rápido de realizar, sobre todo, que ya la JCE ha previsto que el mismo se realice en sólo en 20% de las mesas, pero aleatoriamente, lo que significa, que todas deberán estar logísticamente preparadas para hacerlo tan pronto se les indicara.
Es por esto que requerimos confirmar, con las referidas inspecciones y/o auditorías las garantías que ya ha ofrecido públicamente, por voz de su presidente Julio Cesar Castaños Guzmán, de que el sistema automatizado no permite la violación del secreto del voto del ciudadano que está establecido por la Constitución de la República.
Por tanto es prioritario que la JCE de las más amplias garantías correspondientes de la seguridad del sistema informático de transmisión de los resultados está protegido frente a ataques o intrusiones cibernéticas ilegales, tanto locales como desde el exterior, sobre todo en el momento en que, luego de las votaciones, y tras el conteo y comprobación física de los volantes impresos, todos los equipos deban ponerse en línea para transmitir los resultados hacia las Juntas Municipales y la Junta Central Electoral.
La Coalición, externa sus serias inquietudes ante ciertas circunstancias que rodean el actual proceso que conduce a las primarias de los dos mayores partidos del país, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con uso del padrón general de electores y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), con uso de su padrón cerrado de inscritos y que, conforme a la Ley 33-18 Sobre Partidos y Agrupaciones Políticos, están bajo responsabilidad la Junta Central Electoral y serán celebradas el próximo 6 de octubre.
Así mismo solicitaron permitir la más amplia observación electoral del proceso de primarias por parte de reputadas entidades nacionales con experiencia en la materia como Participación Ciudadana e internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), entre otras que ya han sido autorizadas o han solicitado y calificado para ser autorizadas.
La Coalición para la Defensa de la Constitución y la Democracia considera que las elecciones primarias del seis de octubre, al ser realizadas por la Junta Central Electoral e involucrando el padrón general de ésta, tienen la equivalencia a una elección nacional y su éxito o su fracaso tendrá necesariamente una enorme consecuencia en la salud institucional y estabilidad política y social de toda la Nación.
Es por lo anterior que se mantendrá alerta a los fines de que el proceso cumpla con la finalidad establecida por la propia Constitución, que tiene en la libre elección que representa el sufragio universal, la principal fuente de la democracia dominicana.
Este importante proceso involucra muchas normas y derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República, cuya defensa será siempre la divisa y el objetivo de esta Coalición para la Defensa de la Constitución y la Democracia.
La Coalición por la Defensa de la Constitución y la Democracia está integrada además por la Fundación Equidad y Justicia Social, la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril de 1965, el Instituto Dominicano de Derecho Procesal, la Fundación Prensa y Derecho, y la Fundación Alianza Ciudadana.
