Desde San Pablo. ¿Qué parentesco tienen las organizaciones criminales con la destrucción del Amazonas? Esa pregunta fue la que orientó una incisiva investigación realizada por Human Rights Watch sobre los incendios en la selva tropical brasileña. El informe resultante, presentado por la ONG este miércoles en San Pablo, es contundente.
Revela, entre otros datos, la extremada violencia ejercida por los grupos delictivos contra agentes de fiscalización, las comunidades indígenas y los ambientalistas: “Esas bandas delictivas asesinan impunemente a quiénes defienden la floresta, mientras que el gobierno fracasa en protegerla” describe
A lo largo de 169 páginas, el dossier describe el mod us operandi de esas gavillas: “Estas redes criminales tienen la capacidad logística para coordinar todas las etapas, desde la extracción en gran escala de madera hasta su procesamiento y entrega a los mercados doméstico y extranjero”.
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Usan las mismas vías de distribución que han montado y mantienen las redes del narcotráfico, para la “comercialización” interna y en el exterior. Esas “sociedades” entre madereras ilegales y drogas han logrado estructurar un ejército de milicianos, que le garantiza impunidad en cuanto dejan un tendal de muertes.
Según el documento, los homicidios perpetrados por esas gavillas en una década superan los 300, tal como constan de los registros de la Comisión Pastoral de la Tierra y de la Procuración General de Brasil.
La propia Human Rights analizó 28 muertes violentas y 40 casos de amenazas de muerte. Menciona al dirigente agrario Gilson Temponi, que presidia la Asociación de Agricultores en Pará: el hombre fue ejecutado a tiros por comentarios que le costaron la vida. Le había anticipado a sus vecinos que pretendía “denunciar la explotación ilegal de la selva”.
César Muñoz, autor del informa e investigador de la ONG, comentó uno de los casos que investigaron. Se trataba de un agricultor de la localidad Terra Nossa (en el estado provincial de Pará) Romar Roglin, conocido como “Polaquito”, que avisó a la policía sobre las actividades de grupos madereros en la región. No habían pasado 20 días cuando el campesino cayó bajo las balas.
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La HRW reconoce que los episodios de violencia no comenzaron con el gobierno de Jair Bolsonaro. Vienen, de hecho, desde hace un tiempo. Lo que diferencia esta gestión de las predecesoras, es que Bolsonaro personalmente decidió flexibilizar las leyes de protección del Amazonas.
“Retrocedió en la aplicación de las leyes y debilitó las agencias federales encargadas de preservar la floresta” reveló el dossier llamado “Las mafias del Ipe”, nombre que deriva de uno de los árboles amazónicos más codiciados por los taladores.
“Si bien la violencia rural es un problema crónico, Brasil nunca respondió en forma adecuada. Pero desde enero de este año (cuando asumió el actual presidente brasileño) todo empeoró.
Le dio carta blanca a los delincuentes para que destruyan la selva”, subrayó Muñoz. Reveló, además, que “en muchos lugares la policía se niega a recibir las denuncias, tanto de asesinatos como de amenazas de muerte”.
HRW consideró que los pueblos indígenas están entre los principales damnificados. Las madereras ilegales ingresan en sus territorios, derriban amplias extensiones de floresta y matan a los nativos que se oponen al desastre.
La entidad advirtió sobre las consecuencias de la política actual, que pone en jaque a la mayor selva tropical del mundo. “Esta floresta tiene un papel vital en cuanto a mitigar los cambios climáticos, pues absorbe y almacena grandes cantidades de dióxido de carbono”.
