El dolor, el miedo, la angustia y la resignación se sienten todavía en los municipios de San Juan Pilcaya, Chietla y Atzala, municipios del estado mexicano de Puebla, cuando se cumplen dos años del terremoto del 19 de septiembre de 2017.
Sus habitantes aún no pierden la esperanza de recibir el apoyo prometido por las autoridades y diversas asociaciones que los ayudaría a reconstruir su vivienda.
Pero esa ayuda no ha llegado por completo, se quedaron en el olvido a dos años de esta tragedia que dejó a cientos de personas sin un patrimonio, que no se ha podido recuperar o simplemente se han tenido que acostumbrar a vivir en condiciones precarias.
Calles vacías, escombros, viviendas con vallas y muros derrumbados, muebles destrozados por la caída de piedras y objetos olvidados configuran el paisaje de estos municipios.
Son lugares que, según sus vecinos, se han convertido en guarida de delincuentes y donde ha aumentado el número de personas en situación de calle, porque la mayoría de las casas sufrieron un daño total.
Cuando los habitantes del municipio ven llegar a alguien foráneo, inevitablemente se les ocurre preguntar si son encargados de levantar el censo de damnificados por los terremotos, puesto que dos años después no han recibido todavía ninguna ayuda.
Es el caso de Mario Rodríguez Soriano, damnificado de San Juan Pilcaya, quien con lágrimas en los ojos contó a EFE que su casa construida de adobe donde vivió más de 70 años se derrumbó aquel día que se “sacudió la tierra”, en referencia del sismo de magnitud 7,1 que impactó en el centro del país hace casi dos años.
Por su edad avanzada no ha podido juntar el dinero que necesita para volver a construir un espacio digno para su familia, por lo que viven nueve personas en un cuarto donde tienen tres camas separadas por una sábanas que simulan cortinas para tener un poco de privacidad.
Mario explicó que quedó hastiado por la burocracia: “Ni he ido porque me cansé, me decían mira danos este papel, este otro… A veces ni tenía dinero para ir sacar las copias”.
De igual manera, Ricarda Hernández, damnificada de San Juan Pilcaya compartió que el personal que realizaba del censo de daños, le aseguró que ella había tirado su vivienda para lograr tener los beneficios y sacar dinero para su bienestar.
“Oiga, no crea que estoy loca, le digo que eso era mi casa, ahorita no tengo nada”, respondió Ricarda, quien compartió que desde ese día se siente mal por el miedo y el recuerdo que se aproximan con la llegada del segundo aniversario.
Pero las historias no se detienen en ese municipio, pues en el de Chietla, Benito Fernando Paredes explicó que habita en una vivienda apuntalada, por no tener 45.000 pesos (2.300 dólares) para construir su techo, ya que le ha dado prioridad a los estudios de sus hijos para que puedan desarrollar su futuro.
En el municipio de Atzala, los habitantes recuerdan a las 12 personas que perdieron la vida dentro de la iglesia, sin embargo nadie quiere hablar de ese día.
Los vecinos están acostumbrados a caminar por la zona restringida por la autoridad, donde ven cómo se deteriora cada día más su templo, que ya no cuenta con las torres y sigue cubierto de escombros.
Toda la región espera que se dé cumplimento a todas las promesas realizadas las autoridades, para poder vivir sin miedo y lograr que todos tengan una vida mejor.
El 19 de septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 7,1 y con epicentro entre Puebla y Morelos (centro del país), dejó 369 muertos, 228 de ellos en Ciudad de México.
Días antes, el siete de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 8,2 con epicentro en el sureño estado de Chiapas había causado 98 víctimas mortales.
