Organizaciones ambientalistas y de defensa de derechos humanos unieron fuerzas este viernes en una protesta en el centro de Santiago para exigir al Gobierno de Chile la firma del Tratado de Escazú, que protege los derechos de los defensores medioambientales.
La idea del acto era poner de manifiesto la necesidad de que el país rubrique ese documento, cuya elaboración y promulgación lideró en 2012 en la reunión de Río+20, pero que finalmente no acompañó con la firma.
Este tratado regional, que según dijo hoy Andrea Sanhueza, representante público en negociaciones del tratado y directora de Espacio Público, ya ha sido firmado por 17 países del continente americano y está en tramitación legislativa en otros ocho.
“Necesitamos que Chile retome el liderazgo y el compromiso político que adquirió hace varios años”, apuntó, y agregó que es importante “mejorar la protección” de los defensores ambientales.
Entre las principales iniciativas que propone el documento se encuentran garantizar la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales o el derecho de toda persona a vivir en un medioambiente sano.
Desde Amnistía Internacional (AI) apuntaron directamente al presidente Sebastián Piñera como responsable último de las relaciones exteriores de Chile, y le alentaron a cambiar de opinión con respecto a la ausencia de la rúbrica del país.
“Que modifique la decisión que como Estado se tomó de no firmar el Tratado de Escazú, y efectivamente corrija esa decisión porque hoy en día es absolutamente indispensable contar con instrumentos internacionales que puedan defender el medioambiente”, dijo Roberto Morales, portavoz de AI en Chile.
En ese sentido, añadió que en Chile hay más de un centenar de conflictos socioambientales que afectan a familias, comunidades, líderes y defensores medioambientales que no tienen garantía de sus derechos.
“Sufren represión, hostigamiento, amenazas de muerte y es necesario contar con los instrumentos necesarios para poder defenderlos, visibilizarlos y que puedan acceder a la Justicia de mejor manera”, puntualizó Morales.
Las organizaciones convocantes hicieron referencia a los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que contabilizó 116 conflictos socioambientales de los que el 78% afectan al derecho a vivir en un medioambiente sin contaminación y un 46% en los que está mermado el derecho a disfrutar de salud física y mental.
Otro punto que reclamaron al Ejecutivo chileno para la rúbrica de Escazú es la incoherencia que para ellos supone no sumarse a este acuerdo cuando el país acogerá en diciembre la Cumbre sobre Cambio Climático (COP25).
“No se puede esperar que este Gobierno realice una COP sin realmente tener una señal clara de coherencia y firmar este acuerdo tan necesario y útil para todos los defensores de Latinoamérica y Chile”, afirmó Jimena Salinas, directora del Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff).
