Guatemala, (EFE). El Congreso de Guatemala aprobó este sábado el “Estado de sitio” declarado por el Gobierno para combatir una supuesta proliferación del narcotráfico después de que tres militares murieran en una emboscada de estos grupos.
Durante una sesión plenaria, los parlamentarios, que realizaron algunas enmiendas, validaron en tercer debate, por artículos y en redacción final el acuerdo gubernativo que instaura esta emergencia, por al menos 30 días, en casi una veintena de municipios de seis departamentos del noreste del país, limitando varios derechos constitucionales.
El Gobierno declaró el “Estado de sitio” después de que una brigada de la marina, compuesta por nueve elementos, fuera emboscada por un supuesto grupo de narcotraficantes en el departamento de Izabal el pasado martes, dejando a 3 militares fallecidos, 5 heridos y uno ileso.
Con 87 votos a favor, los diputados dieron el visto bueno a este acuerdo después de una discusión en la que algunos parlamentarios, como el indígena y opositor del partido Winaq, Amílcar Pop, se mostrara contrario a esta disposición al entender que detrás se oculta beneficiar a empresas mineras y agroalimentarias en la región, contra las que varias comunidades están en contra.
El diputado oficialista de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Estuardo Galdámez, que fue Kaibil, defendió la propuesta del Gobierno porque Guatemala está “a punto de perder el territorio nacional” por estos grupos que a su juicio se vieron favorecidos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su jefe, el abogado colombiano Iván Velásquez.
Y es que a su juicio es ente, que terminó su mandato el pasado 3 de septiembre porque el Gobierno decidió no renovarlo al entender que se había extralimitado en sus funciones, “desmilitarizó el Ejército y destartaló las estructuras de la seguridad nacional” mientras andaba “persiguiendo” diputados por plazas fantasmas y al sector económico.
El estado de sitio, que tendrá una vigencia de 30 días, afectará al departamento de Izabal; y a los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de Las Casas, en el departamento de Alta Verapaz; a los de Gualán, Río Hondo, Usumatlán y Teculután en Zacapa; Purulhá en Baja Verapaz; y San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasuagastlán, en El Progreso.
Además, según las enmiendas aprobadas por los parlamentarios al acuerdo inicial emitido por el Gobierno, queda establecido que el objetivo es “recuperar la seguridad y la tranquilidad” en el área y que por ello el Consejo de Seguridad Nacional deberá rendir al Organismo Legislativo un informe, 8 días después de finalizado, de los logros alcanzados.
También insta a la Contraloría General de Cuentas a auditar el proceso y presentar un informe en un plazo no mayor a 30 días después de su finalización, prohíbe la contratación de obra pública y establece la obligación de que cualquier compra que se realice durante este tiempo del Estado de sitio se detalle los gastos, los beneficios y las entidades responsables.
Durante el estado de sitio, todas las autoridades y entidades estatales están obligadas a prestar a la autoridad militar “el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia”.
Esta situación le permite a la autoridad militar, según el artículo 19 de la misma norma, “intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento” cualquier grupo, ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de cualquier persona, y repeler o reprimir por los medios “preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados” cualquier acción.
Además, queda limitados en estas áreas los derechos de detención legal, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación o portación de armas.
