El abogado del narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, José Luis González Meza, informó que junto con la repatriación de su cliente buscan que sea devuelto a México el dinero que pretende decomisarle el Gobierno de Estados Unidos.
El exlíder del cártel de Sinaloa fue condenado el pasado 17 de julio a cadena perpetua más 30 años adicionales por un juez federal de Nueva York quien lo encontró culpable de los 10 cargos que se le imputaban, incluida la participación en una empresa criminal continuada y cargos de tráfico de drogas.
De acuerdo con su defensor, Guzmán dijo vía telefónica a su madre y a sus hermanas que tiene conocimiento de que Estados Unidos quiere quitarle 14.000 millones de dólares que forman parte de sus bienes por lo que desea que estos sean dados a las comunidades indígenas.
El Chapo dijo que el dinero no pertenece a Estados Unidos sino al Gobierno de México y que él esta totalmente de acuerdo en que este regrese a su país natal. Guzmán suplicó al presidente México, Andrés Manuel López Obrador que ese dinero se destine a las comunidades indígenas”, aseveró González Meza en una conferencia de prensa.
La declaración se da luego de que en el Senado promoviera la creación de una comisión binacional para negociar la repatriación de bienes decomisados al narcotraficante así como de cualquier otro criminal que haya sido juzgado en la Unión Americana.
Sobre la posible repatriación a México del capo, ahora ingresado en un cárcel de máxima seguridad en Denver, Colorado. Su apoderado judicial, Juan Pablo Badillo Soto, indicó que el juicio no es válido porque no fue puesto a disposición de las autoridades que lo reclamaban en San Diego sino en Nueva York “donde nunca fue requerido”.
Según Soto los documentos de extradición señalan que “si el imputado no es puesto a disposición de las autoridades que lo reclaman en los primeros 60 días, será puesto en libertad inmediatamente”.
Los defensores criticaron las condiciones inhumanas en la que vive Guzmán y amagaron con revelar los nombres de altos funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) que están “poniendo trabas” en el proceso de repatriación del dinero y de su cliente.
“En la Secretaria de Relaciones Exteriores es Alejandro Celorio Alcántara, el director jurídico, César García Mondragón, y Rafael Peralta Zayas. Los tres se han negado a platicar con nosotros y los escritos que hemos promovido los han rechazado sin fundamento alguno”, acusó González Meza.
