Por Natalí Faxas
El pasado 19 de noviembre del 2018, llegó la fiscalía de Monte Cristi, una querella en contra del diputado por esta provincia, Bernardo Alemán Rodríguez.
La denunciante era interpuesta por la señora Jacqueline del Carmen Medrano y la razón, el diputado de 62 años había violado sexualmente a su hija de 16.
En la querella, la parte demandante exige que el hombre sea declarado culpable por violación sexual y abuso físico, psicológico y sexual y sea sentenciado a una pena de 20 años de reclusión y el pago de 25 millones de pesos como reparación a los daños.
Pero esta petición ha quedado reducida a un papel y a lo que probablemente para el diputado sea mucho más sencillo de cumplir. “Yo lo que quiero es que el la mude, que le compre su casa porque le dije a ella que yo iba a luchar para que él (Alemán) le comprara su casita, ojalá sea de cartón”, manifestó Jacqueline del Carmen Medrano, madre de la menor.
Esta madre angustiada no logra ver, ni entender, que negarse a recibir dinero y exigir una casa para su hija, es lo mismo, un intercambio.
Para fines culturales, esta es una práctica común que desnuda la realidad de miles de adolescentes, vistas a los ojos de un hombre como diversión y a los ojos de la familia como una salida aceptable.
“Estamos frente a una situación de pobreza que vive la familia y muchas veces ellos ven como el hecho de que la muden y le compren una casa, lo ven como una solución a ese problema. Porque hay que ver la condiciones de vulnerabilidad y necesidades de estas adolescentes”, analizó la asesora nacional de protección de la niñez de World Vision, Catalina Encarnación.
La Ley 136-03 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tipifica el abuso sexual como la práctica sexual de un menor ejercida con un adulto que sea cinco años mayor. Pero aunque desde el punto de vista legal no hay dudas, en la práctica las estadísticas sobre agresión sexual, violación, acoso, incesto, seducción y exhibicionismo demuestran que son muchas las denuncias y pocas las condenas: según una investigación de Diario Libre, de 19,000 denuncias recibidas entre 2014 y 2018 en las fiscalías del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago, solo hay 700 sentencias condenatorias en el mismo periodo.
Una de las razones por las que los casos sobre menores se caen, es precisamente por la normalización de los acuerdos de espaldas a la Ley. Es decir, la familia recibe algún beneficio, no continua con la querella y aunque la violación sexual sea un delito de acción pública, el caso queda prácticamente estancado. “Muchas veces el Ministerio Público se queda, como quien dice, de brazos cruzados porque, en el argot popular se dice de que cuando no hay interés no hay acción”, enfatizó Catalina Encarnación.
Cuando se abre paso a la desesperanza de que la justicia pueda hacerse cargo, y ya sea por necesidad o falta de consciencia, a esta familia le interesa más que el acusado pague con un bien. “La victima ve que la justicia no le responde… Entonces lo que hacen es que se desesperan y dicen “entonces yo quisiera que le pueda resarcir en algo el daño, es un estado de desesperación, no es que quisieran”, dijo el abogado defensor de la menor, Rafael González Barrientos.
La violación a esta menor habría ocurrido en una finca propiedad del imputado, en febrero del 2018. Así lo cuenta la menor en un testimonio desbordado de lágrimas que dio al programa Nuria Investigación Periodística. Mientras la Procuraduría asegura que todavía el caso está bajo investigación, y que por lo tanto, no puede ofrecer mayores detalles, el abogado apoderado, Rafael González Barrientos, aseguró que el Ministerio Público tiene las pruebas suficientes para proceder, las cuales que incluyen el testimonio de la adolescente, los teléfonos con conversaciones con el diputado y lo recolectado en un allanamiento realizado en marzo de este año a la residencia del diputado en Monte Cristi.
“Luego de ahí el proceso se ha detenido. Eso fue más o menos en el mes de febrero y marzo pero de ahí para allá no hemos tenido comunicación con Carlos, no hemos tenido comunicación con ninguna de las partes, hemos estado incluso preocupados”, se quejó González Barrientos. El abogado explica que el próximo paso es que se conozca medida de coerción al imputado para iniciar juicio preliminar. Pero este paso también podría extenderse porque la Cámara de Diputados debe aprobar el retiro de la inmunidad parlamentaria del que goza Alemán.
No es esta la primera vez que el nombre de Bernardo Alemán Rodríguez se le conecta con una menor de edad. En agosto del 2018, hace ya un año, Nuria Investigación Periodística realizó un reportaje a propósito de una denuncia por parte de una menor, que también fue abusada sexualmente y que incluso fue golpeada por el diputado.
En una breve entrevista al diputado sobre este caso, el legislador aseguró que nunca tuvo relaciones con la menor, que no existe ningún acuerdo y que espera que la Suprema Corte de Justicia inicie el proceso judicial para demostrar su inocencia.
