El enfrentamiento con Pablo Escobar y un crimen que cambió la historia de Colombia

El 18 de agosto de 1989, el candidato presidencial que defendía la extradición de los narcotraficantes fue asesinado en un mitin político. Aunque el crimen fue declarado de lesa humanidad, todavía algunos de los involucrados no han respondido ante la justicia.

Eran las 8:30 de la noche del 18 de agosto de 1989 cuando una camioneta blanca descapotada entró a la plaza central de Soacha -municipio vecino de la capital Bogotá- abriéndose paso entre la multitud congregada para escuchar a quien según todas las encuestas sería el próximo presidente de Colombia, el dirigente liberal Luis Carlos Galán Sarmiento.

En medio de vítores y arengas, Galán se bajó del vehículo y se subió a una improvisada tarima desde la que se dirigiría a sus seguidores. Tan solo habían pasado quince minutos desde la llegada del candidato cuando se escuchó la primera ráfaga de disparos.

Las balas provenían de una ametralladora mini Atlanta y en un principio se confundieron con la pólvora usada para recibir al candidato. Después de varias ráfagas, el líder liberal cayó al suelo de la tarima y se produjo un gran revuelo. Entre la gente que huía buscando refugio se escuchaban los gritos desgarrados de “mataron a Galán, mataron a Galán”.

La muerte de Galán marcó para siempre la historia del país. Treinta años después de lo ocurrido, las heridas que dejó aún no están sanadas y los responsables por el magnicidio no han terminado de ser llevados ante la justicia.

De este atroz crimen fueron protagonistas los dos narcotraficantes más peligrosos de la época, Pablo Emilio Escobar Gaviria -alias El Patrón- y Gonzalo Rodríguez Gacha -alias El Mexicano-, quienes lideraban un especie de gremio mafioso autodenominado “Los Extraditables”, al cual pertenecían los principales capos del Cartel de Medellín.

Ellos habían declarado la guerra contra el Estado y sobre todo contra las figuras públicas que promovían la extradición, que fue aprobada mediante un tratado suscrito con los Estados Unidos en 1988. Esa guerra ya había dado una primera víctima fatal de alto renombre, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, amigo cercano de Luis Carlos Galán, quien denunció desde el Congreso los vínculos de Escobar con los carteles de la droga.

Para ese entonces, Escobar era representante a la Cámara por el movimiento al que pertenecían Lara Bonilla y Galán, del Nuevo Liberalismo, una corriente del Partido Liberal que prometía constituir un Estado con enfoque social y cuya principal bandera era la lucha frontal contra el narcotráfico usando todos las herramientas posibles, incluida la extradición.

Tras las denuncias de Bonilla y la presión de Galán, Escobar quedó expuesto y su fachada de millonario excéntrico y filantrópico destruida. Esto produjo la ira del capo, que ordenó la muerte del ministro el 30 de abril de 1984.

A partir de allí la creciente popularidad de Galán se convirtió en un problema para Escobar y sus aliados, quienes veían su casi segura llegada a la Presidencia como una amenaza.

De acuerdo con el testimonio de John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, hombre de confianza de Escobar, el asesinato de Galán fue planeado entre “El Patrón” y “El Mexicano” en una finca de este último en la región del Magdalena Medio.

“En esa reunión se miraron los pro y los contra de matar a Luis Carlos Galán. Ellos cuestionaron que si no lo mataban, de todas formas la persecución iba a ser a muerte ya que en su campaña política su bandera era la persecución a los narcos…(…) La opinión que yo di era que después de la muerte de Galán nos iban a perseguir a muerte, nos iban a atacar las familias y si Galán no moría, de pronto la persecución iba a ser jurídica, a lo cual Escobar repuso que jurídica no podía ser ya que había de por medio un muerto que era Rodrigo Lara Bonilla…”, se lee en los extractos del testimonio que dio Popeye a la Fiscalía revelados por la Revista Semana en 1996.

El primer intento de matarlo fue el 4 de agosto de 1989, aprovechando un acto público del candidato en la Universidad de Medellín, capital de Antioquia. No obstante, el atentado fue frustrado porque una mujer reportó a la policía unos hombres sospechosos cerca de su casa. Eran los sicarios contratados por Escobar.

De acuerdo con los testimonios de Popeye, fue Gacha, El Mexicano, quien terminó organizando el atentado del 18 de agosto en Soacha, por el que pagó 200 millones de pesos de la época -que hoy equivaldrían a 57.678 dólares pero que en ese entonces era mucho más– sacados del fondo común de “Los Extraditables”.

El día del magnicidio ocurrirían además otros hechos cuestionables que dan cuenta de la participación no solo de los narcos y sus sicarios, sino de políticos, miembro de los organizamos de seguridad e inteligencia del Estado, miembros de la Policía y del Ejército.

Ese 18 de agosto al medio día, el entonces director del DAS Miguel Alfredo Massa Márquez, general retirado del Ejército, decidió cambiar al jefe de seguridad asignado a Galán y poner en su lugar a Jacobo Alfonso Torregrosa, en un hecho que para las autoridades fue determinante para el magnicidio y por el cual Massa Márquez cumple una condena de 30 años de prisión.

Dicho esquema de seguridad, que incluía un despliegue de francotiradores, retenes y hasta un escuadrón contraguerrilla, solo se quedó en el papel y no fue implementado a la hora de proteger la vida del que era el hombre más amenazado del país.
La investigación, al día de hoy

Por el magnicidio de Galán hay tan solo tres condenas. La de de Massa Márquez, quien aún defiende su inocencia y solicitó sin éxito a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, que estudie su caso.

La de Manuel Antonio Gonzales, entonces jefe de la oficina de visión del orden público del DAS, condenado a 22 años de cárcel por desatender su deber de velar por la seguridad de Galán y porque “avaló el irregular nombramiento de Jacobo Torregrosa con la única finalidad de debilitar el esquema de seguridad del político y hacerlo presa fácil de los sicarios que acabaron con su vida”, como se lee en apartes de su sentencia condenatoria.

Y quizá la más emblemática, la de Alberto Santofimio Botero, condenado a 24 años de cárcel como determinador del magnicidio, condena que hasta el pasado 19 de mayo pagaba bajo el beneficio de casa por cárcel, el cual le fue revocado al confirmarse su sentencia.

Santofimio es el único político condenado por el caso de Galán. El entonces senador era asesor personal de Escobar y del grupo de “Los Extraditables”, labor por la cual, según testimonios de Popeye, recibía pagos de 200 mil y hasta 500 mil dólares.

Él habría sido quien incitó el odio de Escobar contra Galán y, ante la duda del capo frente a matarlo o no, le aconsejó hacerlo.

De Jacob Alonso Torregrosa, quien tenía a su cargo el esquema de seguridad y fue determinante para facilitar el actuar de los sicarios, no se sabe nada. Se tiene como desaparecido desde el momento de los hechos y en el 2000 la registraduría canceló su cédula por muerte. Desde entonces han proliferado rumores de que estaría vivo y escondido en algún lugar cercano a Santa Marta (Magdalena) pero no hay confirmación alguna de ellos.

En 2016, el magnicidio fue declarado como crimen de lesa humanidad por el Consejo de Estado colombiano, lo que significa que nunca prescribirá, dejando la puerta abierta a las autoridades para seguir investigando y estableciendo responsabilidades por el crimen.

Tres décadas después de los hechos todavía no han sido judicializadas todas las personas entre políticos y agentes del Estado que participaron en el magnicidio.
La memoria del magnicidio

La muerte de Galán significó un punto de inflexión en la lucha del Estado contra el narcotráfico y de la ciudadanía contra la clase política corrupta que dominaba el Estado.

Las elecciones presidenciales de 1990 las ganó César Gaviria Trujillo, que había sido el candidato a vicepresidente de Galán y terminó recogiendo las banderas del Nuevo Liberalismo. Él endureció la persecución contra lo carteles del narcotráfico, recrudeciendo un conflicto al que Escobar en especial le agregó cada vez más muertos y más actos terroristas sin precedentes.

Por esa época, “El Patrón” se ganó el apodo de “Pablo Bombas” por usar atentados con explosivos en las principales ciudades del país para amedrentar al Gobierno que le fue cerrando progresivamente los caminos hasta dar con su muerte el 2 de diciembre de 1993.

Pero el cambio también fue político ya que tan solo dos años después de la muerte del líder liberal, el país proclamó la Constitución Política de 1991, que se encuentra vigente hasta hoy.

Una de las motivaciones del cambio constitucional fue buscar un gran pacto nacional que modernizara y sobre todo pacificara el país, sumido en una violencia política y mafiosa producto del actuar criminal de más de cinco grupos guerrilleros, la naciente organización de las estructuras paramilitares, y las formas terroristas que habían adoptado los carteles de drogas.

En esa época turbulenta, Galán no fue el único candidato presidencial asesinado. También lo fueron Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo, estos últimos representantes de partidos de izquierda más radical afines a los movimientos insurgentes.

Sin embargo, Galán es recordado aún, 30 años después de su asesinato, como el último gran caudillo y su imagen, ideas, y figura quedaron grabadas en la memoria colectiva de un país que se ha acostumbrado a llorar la muerte de los grandes dirigentes que han luchado por el cambio social.

Fuente: Infobae