Guatemala registró 2.807 homicidios en los primeros siete meses de 2019, casi el 70 por ciento de ellos perpetrados con armas de fuego, informó este viernes una organización humanitaria.
Un informe divulgado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) da cuenta de que entre enero y julio pasado fueron asesinados en el país 2.389 hombres y 418 mujeres.
La organización detalló que los crímenes de hombres aumentaron en un 1,37 por ciento en relación con los siete meses de 2018, cuando se registraron 2.357 casos, mientras que el de mujeres descendió un 9,5 por ciento en comparación con los 464 femicidios perpetrados entre enero y julio del año pasado.
Según el Grupo de Apoyo Mutuo, los asesinatos de los primeros siete meses de 2019 apenas se redujeron en 0,43 puntos porcentuales en relación al mismo periodo del 2018, cuando hubo 2.819.
Del total de crímenes cometidos este año, 1.957, que representan el 69,72 por ciento, fue con armas de fuego; 592, es decir, el 21,09 por ciento, murieron asfixiados; 239 por heridas de arma blanca (8,51 por ciento) y 19 decapitados (0,68).
El organismo de derechos humanos aseguró que la tasa de homicidios se mantiene en Guatemala en 27 por cada 100.000 habitantes y que la más alta, de 75, se registró en el departamento oriental de Zacapa, seguido de Escuintla (sur) con 58.
Mientras que las más bajas se reportan en los departamentos con mayoría de población indígena, Quiché, Huehuetenango, y Sololá, con 3, 4 y 5 víctimas, respectivamente.
Aclaró que la disminución de muertes a nivel general no significa que haya una reducción de la violencia en el país, ya que Guatemala sigue siendo uno de los más violentos del Triangulo Norte de Centroamérica, después de El Salvador y Honduras.
A dos días de las elecciones presidenciales, en las que la ex primera dama de la nación (2008-2012), Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Alejandro Giammattei, del partido Vamos, se disputen la Presidencia el próximo domingo, la población debe estar atenta al fenómeno de los homicidios.
Además, la organización recomendó al Ministerio del Interior concentrar sus esfuerzos en la prevención de la criminalidad e involucrar a todas las instituciones del Estado, entre ellas la Procuraduría de Derechos Humanos.
