El Partido Reformista Social plantó que es momento de iniciar una discusión franca que tenga como objetivo modificar la Constitución en la próxima legislatura para habilitar electoralmente al presidente Danilo Medina a partir del 2024 y enmendar errores y distorsiones de reformas constitucionales anteriores, como los ocurridos en el Pacto de las Corbatas Azules.
El PRSC entiende que a partir de la próxima legislatura, se debe proceder a reformar a reformar la Constitución, dando garantías al pueblo de que tendrá más poderes y controles hacia el futuro de la democracia y mayor solidez institucional, blindando la misma para eliminar las vulnerabilidades que presenta en la actualidad.
En un documento firmado por el presidente del PRSC. Federico Antún Batlle y el secretario general, Ramón Rogelio Genao, la entidad plantea reformar en una eventual modificación constitucional: unificar las elecciones municipales y congresuales el tercer domingo de mayo, cada cuadro años; con el objetivo de restablecer la simultaneidad de los períodos constitucionales y reducir los altos costos de las campañas, ya que el país no resiste los gastos que representan hacer primarias o convenciones en octubre, realizar unas elecciones generales municipales en febrero, otras elecciones generales presidenciales y congresuales en mayo y la posibilidad de una cuarta ronda electoral en junio, si se produjera una segunda vuelta electoral.
El costo estimado de unas elecciones generales municipales separadas ronda los 5 mil millones de pesos, dinero que el país pudiera utilizar para resolver muchos problemas en las comunidades.
El PRSC considera que el propio Tribunal Superior Electoral ha dicho en varias ocasiones, que no tendría tiempo material para dirimir las litis contenciosas que se generarían en los 158 municipios y 235 distritos municipales con más de 3800 cargos a elegir, agravado con el estreno del voto preferencial para regidores y vocales.
Agregar un párrafo al artículo 209 de la Constitución para eliminar el arrastre entre diputados y senadores, como lo establece la Ley 15-19, y así dejar constitucionalizado el tema para evitar las confusiones surgidas sobre el particular.
Volver al diseño original del Consejo Nacional de la Magistratura tal y como lo pactaron Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, en el Pacto por la Democracia de 1994, excluyendo al Procurador General de la República.
Darle más oportunidad a la juventud, disminuyendo a la mayoría de edad, o sea de 25 a 18 años, la edad mínima para accesar a los cargos de senadores y diputados.
Despolitizar el Poder Judicial, estableciendo que las personas designadas en las Altas Cortes, y en todo el sistema judicial, deben tener un mínimo de diez años de no militancia partidaria.
Disponer que los senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales, no puedan ocupar la misma posición por más de dos períodos consecutivos, a fin de facilitar la alternabilidad y renovación generacional en el ejercicio de puestos de elección popular.
Mantener el modelo norteamericano para la elección del presidente y vicepresidente de la República, teniendo la posibilidad de dos periodos y nunca jamás y establecer los candados necesarios para evitar que se realicen nuevas reformas sobre el sistema presidencial.
Colocar un “tope constitucional al endeudamiento” para fijar un riguroso límite al endeudamiento público interno y externo, a los fines de que con el acelerado ritmo de préstamos que lleva el país, la Nación no pueda quedar en un estado de indefensión financiera.
Para combatir la corrupción e impunidad de manera efectiva, es necesario que haya un sistema de investigación imparcial, independiente y sin miramientos políticos. En tal sentido, el Procurador General de la República y el Contralor General de la República, no deben ser de libre designación del Poder Ejecutivo, sino designados por otro órgano constitucional por un período de cuatro años, no coincidente con el del Presidente de la República.
Eliminar la posibilidad de reelección de los jueces e integrantes de la Suprema Corte de Justicia, estableciendo un período único de diez años.
