Santo Domingo.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) pidió este viernes al presidente Danilo Medina pronunciarse sobre la publicación de un informe que revela supuestos pagos secretos de la empresa brasileña Odebrecht para adquirir la adjudicación de la termoeléctrica Punta Catalina.
En una rueda de prensa, la Dirección Contra la Corrupción y la Impunidad del PRM, aseguró, que “es deber moral del presidente de la República Dominicana manifestarse con respecto a este escándalo de corrupción de escala internacional”.
El partido opositor también volvió a pedir la renuncia del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien, a juicio de los responsables de la citada dirección, “nuevamente se destaca por su incompetencia al evidenciarse su manejo discrecional y antojadizo de los insumos suministrados por la empresa brasileña Odebrecht al Ministerio Público fruto del acuerdo de colaboración anunciado el 29 de mayo de 2017”.
En un comunicado entregado a la prensa, la Dirección Contra la Corrupción y la Impunidad del PRM, llamó a los diferentes sectores del país a unirse a la formación política “en el proceso de denuncia, seguimiento y movilización en busca de llevar a cabo lo que sea necesario para conquistar las respuestas sobre este caso de corrupción”.
Preguntado sobre si el PRM interpondrá acciones legales en este caso, Jesús Féliz, uno de los miembros de la citada de dirección, dijo que las mismas tendrán que ser discutidas por la dirección de esa organización política.
De acuerdo con un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revelado el miércoles, Odebrecht efectuó pagos secretos por más de 39 millones de dólares en relación con Punta Catalina y las investigaciones oficiales los ocultaron.
En tanto, la Procuraduría General de República Dominicana (PGR) informó este jueves que ha iniciado las diligencias para establecer la veracidad de las informaciones publicadas.
La licitación de la obra, con la que se pretende resolver el déficit energético en el país, estuvo bajo investigación, pero una comisión nombrada por Medina determinó en 2017 que el proceso se hizo “mayormente conforme a la ley” y que su precio estaba en un rango “razonable”.
